Al menos cientos de nicaragüenses reconocidos como líderes religiosos, estudiantes, activistas, disidentes y periodistas fueron declarados «apátridas» por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Esta decisión se tomó como castigo a su resistencia y protesta contra la administración, forzándolos a vivir en el exilio.
Entre ellos, el testimonio de Sergio Mena, un activista rural de 40 años que huyó en 2018 y que regresó en 2021 para continuar con las protestas, destaca el extremo de la represión política en el país. Mena fue encarcelado y sometido a constantes torturas, físicas y psicológicas, antes de ser expulsado del país.
Estos exiliados, además de perder su ciudadanía, fueron despojados de sus hogares y pensiones gubernamentales. Ahora, se encuentran dispersos por el mundo enfrentándose a dificultades para llevar a cabo acciones cotidianas como encontrar empleo, recibir educación, tener acceso a la atención médica, abrir cuentas bancarias o incluso casarse, debido a la falta de documentos de identidad válidos.
De acuerdo a las Naciones Unidas, se estima que existen 4.4 millones de personas en situación de apatridia en el mundo. Karina Ambartsoumian-Clough, directora ejecutiva de United Stateless, organización estadounidense que aboga por los apátridas, definió esta situación como una forma de tortura. «Simplemente dejas de existir legalmente, aunque estés aquí físicamente como ser humano», manifestó.
En septiembre del año pasado, el gobierno de Ortega envió a 134 prisioneros, entre los que se encontraba Mena, a Guatemala. Ellos se sumaron a 317 individuos previamente desterrados, marcados como adversarios por el gobierno, y ya sin identidades legales nicaragüenses.
La Associated Press habló con al menos 24 de estos «apátridas» nicaragüenses que están dispersos en países como Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, México y España, donde intentan recuperarse de los traumas físicos y psicológicos sufridos, al tiempo que buscan encontrar un sentido a su nueva vida.
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