La madre de uno de los adolescentes detenidos durante las protestas postelectorales exigió la liberación de su hijo, así como el resto de detenidos posteriormente a los comicios del pasado 28 de julio.
La mujer identificada como Wilmarys Díaz Soto, explicó que el menor de 17 años, quien responde al nombre de Luis Alejandro Delgado Díaz, no está relacionado con la quema de Transbarca, que es de lo que se le acusa.
«No aguanto esta situación que estoy pasando con él. No estoy durmiendo, lo que hago es puro pensar y llorar por mi hijo», expresó la madre en un video difundido por las redes sociales del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El joven fue detenido el 29 de julio y llevado al retén Luis Herrera Campins, mejor conocido como El Manzano, del estado Lara.
En este sentido, Díaz Soto advirtió que es una persona de bajos recursos, por lo que apenas puede llevarle a su vástago alimentos una vez por semana.
Asimismo, la madre mostró una carta de buena conducta del joven otorgada por la comunidad donde vive y fotos con la ropa con la que salió la noche que lo detuvieron, la cual comparó con una foto de los que vandalizaron Transbarca.
SAAB ANUNCIÓ QUE SEGUIRÁN LAS LIBERACIONES «EN LOS CASOS A LOS QUE HAYA LUGAR»
Por su parte el fiscal general, Tarek William Saab, informó esta semana que seguirán revisando los casos de detenidos postelectorales desde el Ministerio Público.
«Las personas que puedan estar sujetas a una revisión de medidas, se han hecho. Ya tú viste que hemos hecho varias», dijo Saab en una entrevista a La Iguana TV.
Por lo cual, aseguró que podría haber nuevas revisiones de casos. «Eso va a seguir ocurriendo, pero ya va, en los casos a los que haya lugar», expresó.
En este sentido, hizo referencia al caso de la adolescente Mariana González, quien según su familia la arrestaron luego de salir a comer perros calientes con su novio y confundirla con una protestante.
«Ayer hicimos una en horas de la noche. Nosotros enviamos a unos fiscales de derechos humanos coordinados con Senamecf, se le hizo un examen a la joven y determinamos que podía ser sujeta a una revisión a medida», destacó.
A pesar de no haber pruebas en su contra, González estuvo privada de libertad desde el 29 de julio acusada por delitos graves, como terrorismo e incitación al odio. Asimismo, según denuncia de diferentes ONG y familiares de los presos políticos, su caso se agravó más debido a que le negaron el derecho a la defensa privada, dejándola en esta de indefensión.
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