Defensoría del Pueblo asume la búsqueda de más de cien migrantes desaparecidos en las fronteras y promete rastrear pistas en Colombia, México, Perú y Chile. La defensora del pueblo, Egleé González, prometió este martes 15 de septiembre de 2026 la ejecución inmediata de «acciones concretas» para revisar de manera minuciosa los expedientes de ciudadanos venezolanos desaparecidos, enfocando las pesquisas prioritariamente en las zonas fronterizas con Colombia y en corredores migratorios de México, Perú y Chile.
Por lo tanto, la funcionaria selló este compromiso institucional tras sostener una mesa de trabajo directa con representantes del colectivo civil Esperanza de Madre, organización que agrupa a decenas de parientes que reclaman respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Ante este escenario, el despacho estatal asume la tarea de destrabar los obstáculos judiciales que frenaron las indagaciones durante años, articulando gestiones diplomáticas y forenses para determinar si redes transnacionales de trata de personas y explotación laboral forzada causaron estos extravíos sistemáticos.
El compromiso institucional y el drama de más de cien familias
A través de un boletín institucional de prensa, la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo transmitió su solidaridad y trazó la línea de trabajo que orientará el acompañamiento a las demandantes:
«Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, revisando cada caso y procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas».
La reunión permitió escuchar de primera mano los testimonios de los integrantes de Esperanza de Madre, cuyos registros independientes contabilizan más de 100 personas extraviadas de manera involuntaria a lo largo de las rutas de tránsito desde el año 2019.
Además, las voceras del movimiento expusieron las severas dificultades administrativas que afrontan cotidianamente los parientes al momento de consignar las denuncias formales ante los órganos policiales y fiscales, al tiempo que advirtieron el constante peligro que implican las mafias delictivas que captan viajeros indefensos para someterlos a trabajo esclavo.
Revisión caso por caso y articulación transfronteriza
Protocolos de verificación y cooperación internacional
Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que «acordó iniciar la revisión individual de los casos presentados, verificar las actuaciones realizadas y articular con los organismos nacionales e internacionales competentes, de acuerdo con las circunstancias y el lugar donde se haya producido cada desaparición».
Al respecto, el organismo evaluará las diligencias previas que practicaron las policías locales para reactivar los expedientes que cayeron en el olvido, solicitando el apoyo de consulados y autoridades policiales de los países vecinos donde los testigos ubicaron por última vez a los desaparecidos.
Canal confidencial de comunicación continua
Al respecto, la titular de la institución garantizó un puente permanente de información directa para mantener a las madres al tanto de cada paso operativo: «La institución mantendrá un canal de comunicación con las familias para informarles sobre las gestiones efectuadas y el seguimiento de sus casos, resguardando la confidencialidad y la integridad de las personas involucradas».
Con esta medida, el despacho procura proteger la seguridad de los denunciantes frente a posibles represalias de las bandas del crimen organizado que operan en las trochas y pasos clandestinos.
Con información de Unión Radio
