Valencia, 1 de diciembre de 2025-. CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por “falta de progreso real” en la cooperación con Venezuela. El cierre de la oficina de la CPI obedece, según explicó el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, a la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de complementariedad. Este principio exige que el país investigue de forma seria y autónoma los presuntos crímenes antes de que el tribunal intervenga.
Niang señaló que, pese al compromiso sostenido con las autoridades venezolanas, la institución concluyó que persisten obstáculos importantes. Por ello, la sede instalada en Caracas en 2024 dejará de operar.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, afirmó el fiscal adjunto durante su intervención inicial.
La decisión marca un cambio significativo en la relación entre el tribunal internacional y el Estado venezolano, que durante meses mantuvieron contactos y reuniones de trabajo para avanzar en la cooperación.
CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por “falta de progreso real” en la cooperación con Venezuela
Pese al cierre de la oficina de la CPI, Niang aclaró que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa”. El caso estará ahora en manos de un equipo de fiscales que operará directamente desde La Haya.
Caracas ha rechazado reiteradamente la intervención del tribunal, argumentando que el principio de complementariedad debe ser respetado. Según la posición oficial, el sistema judicial venezolano lleva a cabo investigaciones internas y, por tanto, la CPI no debería intervenir.
No obstante, en 2023 la Corte rechazó estos argumentos y autorizó la reanudación de las pesquisas por hechos ocurridos desde 2017.
Antecedentes del anuncio
La oficina en Caracas fue inaugurada tras la visita del fiscal Karim Khan en abril de 2024. En aquel momento, Khan la calificó como una “oportunidad única” para fortalecer las investigaciones y brindar asistencia técnica al país.
Sin embargo, el cierre de la oficina de la CPI evidencia que los avances esperados no se materializaron. La investigación sobre Venezuela comenzó en 2018, tras una remisión presentada por varios países que solicitaban examinar denuncias por violaciones de derechos humanos.
