Versión Final – Caracas, 17 de febrero de 2024. Activistas coinciden en que la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría contribuir al cierre del espacio cívico en Venezuela.
Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, estima que una de las principales repercusiones de la suspensión de actividades de esa instancia es que los ciudadanos quedan en situación de indefensión, reseñó El Nacional.
“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de derechos humanos. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones de los DD HH y a quienes ya habían presentado sus casos”, afirmo Daniels en entrevista con la Voz de América.
Para Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, al «no tener a la misión los defensores nos encontramos más en riesgo, mucho más preocupados por el impacto que puede tener en nuestro trabajo, nuestra seguridad personal. La presencia de la misión para bien o para mal era importante».
El gobierno venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para concretar la instalación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas.
Sobre esto, Daniels señaló que esa oficina iba a trabajar en estrecha colaboración con Naciones Unidas. «No sabemos si tendrá repercusiones en la instalación de la oficina, las consecuencias son delicadas y van más allá de la presencia o no de 13 funcionarios en el país», dijo.
Ante lo ocurrido, los activistas consideran que el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que vence en septiembre, debería prorrogarse.
Los defensores de derechos humanos también concuerdan en que el trabajo de la oficina se llevó a cabo con un bajo perfil y de manera considerablemente diplomática.
“En muy pocas ocasiones ha hecho pronunciamiento. Una de las pocas en la que lo hicieron fue en el caso de Rocío San Miguel. Pedían que se supiera dónde estaba y que se respetaran sus derechos”, dijo Daniels.
La Oficina de DD. HH. de la ONU, que ha estado en el país desde 2019, entre otras funciones ha llevado a cabo labores de asistencia técnica, monitoreo y apoyo para la implementación efectiva de recomendaciones emitidas en informes, según lo establecido en resoluciones del Consejo de Derechos humanos de la ONU.
