Delsa Solórzano descarta postularse como magistrada del TSJ por razones éticas y exige una designación estrictamente apegada a la Constitución junto a la reforma de la Ley Contra el Odio.la abogada y vocera de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Delsa Solórzano, abogó formalmente para que el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respete con rigurosidad los principios consagrados en la Carta Magna este martes 10 de noviembre de 2026. La dirigente opositora fijó sus condiciones éticas frente a la opinión pública, exigiendo que los actores políticos aparten las cuotas partidistas al momento de conformar la máxima instancia judicial y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La exigencia de independencia judicial y el compromiso de imparcialidad
Al abordar el proceso institucional que vive el país durante una entrevista concedida a los comunicadores Eduardo Rodríguez Giolitti y Saúl Noriega para el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio, la jurista detalló su visión sobre los equilibrios democráticos que demanda el momento.
En tal sentido, la portavoz opositora exteriorizó sus expectativas frente a los micrófonos: «Yo quisiera pensar que ese proceso del TSJ de verdad va a ser adecuado a la Constitución y de verdad que las personas que designen sean verdaderamente independientes; en eso yo sí soy inflexible; porque soy así. A nosotros nos han prometido un nuevo Consejo Nacional Electoral y TSJ independientes».
A este respecto, Solórzano enfatizó que la Plataforma Unitaria Democrática mantiene como principio innegociable la elección de juristas con credenciales técnicas intachables, libres de subordinación a cualquier parcialidad gubernamental o de oposición.
Aunado a esto, la representante insistió en que los venezolanos necesitan árbitros electorales y judiciales con solvencia moral para restablecer la confianza ciudadana en el voto y en los tribunales ordinarios.
Dicha postura persigue neutralizar cualquier intento de reparto burocrático, recordando que los compromisos adquiridos en las mesas de negociación contemplan la despolitización integral de la administración de justicia.
Asimismo, la abogada recalcó que la sociedad civil debe asumir un rol activo de contraloría social para denunciar cualquier irregularidad durante la recepción de las credenciales de los postulados.
El veto ético a su postulación y la reforma a la Ley Contra el Odio
La negativa tajante ante una eventual postulación en el Palacio de Justicia
Por otra parte, los periodistas consultaron a la dirigente sobre la posibilidad de que presente su propio nombre ante el Comité de Postulaciones Judiciales para ocupar un asiento en alguna de las salas del TSJ.
Frente a esa interrogante, Solórzano descartó de forma contundente cualquier aspiración personal: «Bajo ninguna circunstancia, yo presido un partido y no sería ético de mi parte postularme para estos cargos».
En consecuencia, la presidenta nacional del partido Encuentro Ciudadano marcó una clara distancia moral, asegurando que un líder con responsabilidades partidistas activas no debe pretender el ejercicio de la magistratura para no vulnerar el principio de imparcialidad de los fallos judiciales.
Dicha decisión contrasta con viejas prácticas de la política tradicional, reforzando su discurso de probidad frente a las bases que reclaman una separación real entre las organizaciones partidistas y las instituciones estatales.
De igual manera, la representante opositora ratificó que continuará ejerciendo la vocería en la arena política civil para luchar por mejores condiciones cívicas y electorales de cara a los retos institucionales de la nación.
La impugnación jurídica a la Ley Contra el Odio por su origen constituyente
Por añadidura, la vocera de la coalición opositora incorporó a su intervención una demanda urgente para someter a una reforma sustantiva a la Ley Contra el Odio, instrumento punitivo que limita severamente el debate público.
La jurista argumentó con solvencia técnica que dicha normativa contiene fallas jurídicas estructurales desde su mismo nacimiento, recordando que ese texto legal emanó directamente de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin cumplir los canales legislativos ordinarios previstos en la Constitución.
En tal contexto, los sectores democráticos señalan que la modificación de ese instrumento legal resulta indispensable para devolver la plena libertad de expresión a periodistas, gremios y ciudadanos comunes en todo el país.
Por otro lado, los defensores de los derechos humanos saludaron el planteamiento de Solórzano, considerando prioritario sanear el ordenamiento jurídico de normativas discrecionales que penalizan la disidencia pacífica.
Con información de Unión Radio
