El Espectador/La Verdad – Caracas, 13 de noviembre de 2023. En la noche del 15 de julio de 2022, en el Hospital del Centro de Pereira, en Colombia, nació Jesús David Rojas Villarreal. Su madre, Jeremy Carolina Villareal Villareal, de 22 años, es venezolana y se fue a probar suerte a Colombia cuando la vida se hizo imposible en su país. Allá conoció al padre de su hijo, Werne Town Rojas, también venezolano, pero la pobreza los siguió como una sombra.
A los 15 días de nacido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) determinó que Jesús David debía estar bajo el cuidado de esta entidad, que busca restablecer los derechos de los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. Un año y medio después, su familia recibió de la entidad encargada de cuidarlo la noticia de su muerte.
De acuerdo con el relato familiar, el 25 de agosto de 2023, cuando su madre llegó a la Ciudadela Cuba, en el barrio Ormaza de Pereira, a la visita mensual con su hijo, le informaron que el niño no estaba porque había sido llevado al hospital de San Joaquín, en estado grave de salud.
El médico de turno, en cambio, sostuvo que el niño había llegado muerto y por eso había sido trasladado a Medicina Legal. Tres días después, el médico forense les dijo verbalmente que el niño broncoaspiró. Es decir, que algún líquido, como saliva o vómito, retrocedió hacia sus vías respiratorias y le produjo una asfixia que le costó la vida.
Ante la pregunta por las circunstancias de muerte, la abogada Natalia Arias, de Medicina Legal, en Pereira, le dijo a la familia que, supuestamente, la madre sustituta acostó al niño para hacer una siesta antes de la visita pactada con su madre, y que cuando fue a despertarlo ya estaba “morado”. Les dijo que el niño se había vomitado y ahogado con su propio vómito, mientras dormía, después de tomar un tetero de leche.
“Eso fue lo único que nos dijeron de la causa de muerte. Luego, cuando fuimos a la funeraria, nos dijeron que el cuerpo no lo habían arreglado, porque aún no habían traído la ropa. La madre sustituta ni nadie de Bienestar Familiar le llevaron ropa al niño para que su cuerpo sin vida fuera arreglado para su velorio y a nosotros nos habían dicho que no podíamos llevar nada. Además, mientras estuvimos en el velorio y el entierro de parte de Bienestar Familia solo fue una psicóloga y un psicólogo, pero nunca se acercaron para atender el episodio”, dijo en entrevista con El Espectador, la entonces tía política del menor, Laura Ortíz, quien acompañó a la familia en los procesos posteriores al fallecimiento.
Investigación
El Espectador consultó a las directivas nacionales del ICBF sobre la muerte de Jesús David y, en respuesta a un derecho de petición, contestó que las causas de su fallecimiento siguen siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Cuestionados sobre cuáles fueron las medidas o sanciones tomadas por este caso, la entidad contestó que la Dirección Regional de Risaralda del ICBF reportó el inició de una investigación al hogar sustituto que tenía a cargo el cuidado del niño.
Así como aseguraron que, mientras se adelanta este proceso, se ordenó su interrupción temporal y la reubicación inmediata de los niños, niñas y adolescentes que también estaban bajo su protección.
La muerte de Jesús David no ha sido la única. Hace menos de 15 días, el 31 de octubre, en el municipio de Villa María, Caldas, un perro de raza pitbull atacó y le causó la muerte a Karen Dahiana Granada, una niña colombiana de dos años, en un hogar de paso del ICBF, al que había llegado desde marzo.
Según las declaraciones de las autoridades locales, la madre sustituta tenía como mascota al animal hace cuatro años.
Además, este diario pudo establecer un caso más de un migrante en septiembre. Se trata de Danilo Martínez, un adolescente que falleció apuñalado, al parecer, por otro menor internado en el centro zonal del ICBF en Pasto (Nariño).
Desde 2018, cuando empezó con fuerza la diáspora venezolana por la crisis política y económica de su país, hasta septiembre, han fallecido 36 menores de edad de familias migrantes refugiados mientras se encontraban en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
La cifra es pequeña con relación a la realidad que está padeciendo la niñez migrante venezolana en Colombia. Medicina Legal señala que entre 2018 y septiembre de 2023, 592 menores de edad de nacionalidad venezolana murieron en el país: 193 serían homicidios y 182, muertes por accidentes.
Este crudo panorama reflexiona Alejandro Ruiz, consultor sobre infancia y adolescencia, debería “sacudirnos sobre cómo y qué estamos haciendo para proteger efectivamente a esa infancia refugiada en Colombia”.
