Valencia, 27 de noviembre de 2025-. Autoridades buscan resolver caso de estafadores que afectaron patrimonio de una adulta mayor. La justicia venezolana investiga a Alejandro Antonio Reinoso Peña y sus hijos, Alejandro Reinoso Rosales y Katherine Reinoso.
Se les acusa de forjar un documento para despojar a una mujer mayor de un terreno con casi 50 años de propiedad.
En el lugar funciona actualmente el terminal de pasajeros Expresos Camargüi y Expresos Guayana, en la Avenida San Martín.
El plan incluyó la colaboración de Teófilo Díaz Azabache, director del terminal, quien abrió las puertas y aportó documentación irregular.
Además, un abogado de apellido Confortti habría participado, cobrando honorarios y demandando posteriormente a la víctima, según reportes del CICPC.
La experticia técnica confirmó que el documento fue falsificado, evidenciando una trama cuidadosamente planificada para aparentar legalidad.
Autoridades buscan resolver caso de estafadores que afectaron patrimonio de una adulta mayor
Con el documento fraudulento, los responsables interpusieron una demanda contra la legítima propietaria, manipulando el Poder Judicial a su favor.
Este uso indebido de las instituciones genera preocupación sobre precedentes que podrían afectar la seguridad jurídica de otros ciudadanos.
Actualmente, el caso reposa en la Sala de Casación Civil, pendiente de una decisión que podría proteger los derechos de propiedad.
La Fiscalía mantiene imputaciones contra los involucrados y se espera que enfrenten consecuencias legales por su conducta.
Mientras tanto, Katherine Reinoso se encuentra fuera del país, con paradero desconocido, dificultando el proceso de justicia.
Llamado a las autoridades
La comunidad exige acción inmediata para garantizar la protección de la propietaria y frenar el intento de despojo.
Se recalca que la mujer, en condición de tercera edad, requiere medidas especiales de seguridad frente a maniobras ilegales.
Expertos legales y vecinos esperan que el fallo judicial sea ejemplar, consolidando la defensa de la propiedad y la dignidad humana.
El caso subraya la necesidad de reforzar controles sobre documentos legales y la supervisión de inquilinos y operadores de propiedades.
Además, alerta sobre riesgos de manipulación judicial y fraudes que podrían vulnerar los derechos de personas vulnerables en el país.
