Versión Final – Valencia, 18 de diciembre de 2024-. La audiencia de juicio público de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, está programada para este miércoles 18 de diciembre a las 10:00 a.m., tras una suspensión previa el 11 de noviembre por falta de traslado, según el abogado defensor Juan González Taguaruco.
San Miguel, detenida desde el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras viajaba con su hija, enfrenta acusaciones de supuestos vínculos con una conspiración que incluiría un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El caso es señalado por diversas irregularidades, incluido el retardo procesal, la falta de transparencia en el expediente, y la negativa de las autoridades a permitir la designación de defensores privados.
Actualmente, la activista está recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde únicamente su hija tiene permitido visitarla.
Durante su detención, San Miguel enfrentó problemas de salud, como una fractura en el hombro derecho que, según su abogado, fue diagnosticada con cuatro meses de retraso.
La lesión habría sido causada por una caída tras un mareo debido a una laberintitis no tratada a tiempo, lo que generó fuertes dolores tratados únicamente con analgésicos hasta su diagnóstico.
El pasado 10 de diciembre, el gobierno difundió imágenes de la activista recibiendo atención médica, pero diversas organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la calidad de la atención recibida en prisión.
Provea, Fundaredes, y Justicia, Encuentro y Perdón solicitan una medida humanitaria urgente para que San Miguel sea operada por médicos de su confianza y reciba una adecuada rehabilitación fuera del contexto penitenciario.
Estas organizaciones denuncian que las condiciones carcelarias no garantizan el cumplimiento de los cuidados postoperatorios y consideran que la situación representa una violación grave a los derechos de la activista.
Provea resaltó que someterla a una cirugía bajo estas condiciones «es una falta de respeto a su dignidad y un atentado contra su labor como defensora de los derechos humanos».
Con información de Versión Final.
