Valencia, 11 de diciembre de 2025-. Asamblea Nacional aprobó derogar el Estatuto de Roma y avanzar en la salida de Venezuela de la CPI. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la derogación del Estatuto de Roma, el instrumento internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión fue anunciada este jueves, durante una sesión en la que los diputados avalaron el texto sin modificaciones.
El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, afirmó que la medida busca «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la Corte Penal Internacional. Según Rodríguez, el país necesita “recuperar mecanismos propios de justicia sin interferencias externas”.
La ley aprobada establece el retiro formal del compromiso suscrito por Venezuela cuando se incorporó al Estatuto de Roma. Con esta acción, las autoridades legislativas consideran que el país «recupera soberanía jurídica» frente a instancias externas.
Asamblea Nacional aprobó derogar el Estatuto de Roma y avanzar en la salida de Venezuela de la CPI
La derogación del Estatuto de Roma ocurre en un momento en el que la CPI mantiene investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes cometidos en el país. Estas pesquisas han sido mencionadas de forma reiterada por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante el debate, varios diputados señalaron que la Corte Penal Internacional “no ha respondido de forma equilibrada a los planteamientos de Venezuela”. Argumentaron que el organismo ha actuado con “parcialidad” y que sus procesos “se han basado en denuncias sin sustento”. Ninguno de estos señalamientos fue acompañado por cifras o datos adicionales dentro de la sesión.
Rodríguez insistió en que el Parlamento actuó “en defensa del país” y sostuvo que la ley permitirá avanzar hacia «un modelo propio de justicia internacional», aunque no ofreció detalles sobre los mecanismos que sustituirán las funciones del Estatuto.
Reacciones y alcances
La derogación del Estatuto de Roma abre un nuevo capítulo en la relación del país con organismos multilaterales. Aunque la Asamblea Nacional aprobó la salida, expertos legales han señalado en ocasiones anteriores que el retiro de un Estado del Estatuto requiere cumplir procedimientos específicos previstos en el tratado.
