Afirman que las autoridades no han permitido el ingreso de personal autorizado para verificar el estado del Rodeo I tras los sismos. La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este sábado una revisión técnica urgente en el internado judicial Rodeo I. Ciertamente, los activistas de derechos humanos mostraron su profunda preocupación por las condiciones de la planta física tras el doble terremoto de junio. Por lo tanto, los defensores de los derechos civiles buscan evitar tragedias mayores ante la ocurrencia de nuevas réplicas geológicas en el estado Miranda. Asimismo, el colectivo humanitario solicitó el ingreso inmediato de ingenieros independientes para constatar la verdadera situación de las cárceles en Venezuela.
Falta de protocolos preventivos y temor a represalias internas
Al respecto, la mencionada agrupación civil denunció a través de la red social X el presunto abandono institucional que sufren los privados de libertad. Por consiguiente, los voceros señalaron que las autoridades penitenciarias todavía no implementan planes de contingencia eficientes para resguardar las vidas de los reclusos. Sin embargo, los internos permanecen en áreas de confinamiento interno bajo un esquema de control estricto que limita sus posibilidades de evacuación rápida. Además, las familias temen que los custodios impongan el encierro forzado en celdas inseguras, agravando la situación de las cárceles en Venezuela.
«Los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias».
Efectivamente, los parientes de los detenidos manifestaron el temor latente a sufrir agresiones físicas por parte del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios. Por este motivo, el comité de apoyo legal solicitó el cese inmediato de los hostigamientos penales contra las víctimas y sus representantes. Por otro lado, los activistas consideran que la responsabilidad directa de garantizar la integridad de los internos recae sobre el Poder Ejecutivo nacional. Adicionalmente, la entrada de inspectores neutrales de la Organización de las Naciones Unidas arrojaría luces sobre la situación de las cárceles en Venezuela.
Denuncias de torturas y reuniones con el Ministerio Penitenciario
Solicitud de investigaciones imparciales con apoyo internacional
Por lo tanto, la organización defensora de derechos humanos sumó una solicitud formal de investigación penal por presuntos tratos crueles e inhumanos. Por esa razón, los directivos relataron los pormenores de un reciente encuentro institucional sostenido con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García. Adicionalmente, el comité criticó fuertemente que el funcionario ministerial minimizara los testimonios de las víctimas durante las mesas de diálogo en Caracas. Por consiguiente, los representantes civiles exigen la participación de mecanismos internacionales para evaluar la situación de las cárceles en Venezuela.
Exigencia de destitución de los altos funcionarios del área
Por otra parte, la ONG solicitó formalmente la remoción inmediata del titular de la cartera penitenciaria y de sus directores de custodia. Ciertamente, el comité fundamenta esta petición legal en el incumplimiento reiterado de los deberes de protección integral hacia la población penal vulnerable. No obstante, las familias de los detenidos denunciaron en paralelo un marcado desabastecimiento de alimentos dentro de los recintos de reclusión mirandinos. Por esa causa, la falta de atención médica oportuna incrementa los riesgos sanitarios y desmejora la situación de las cárceles en Venezuela.
Ausencia de balances oficiales por parte del Ejecutivo nacional
Por lo tanto, los comités de derechos humanos instan a las instituciones competentes del Estado venezolano a romper el prolongado silencio informativo. Por esa razón, los defensores insisten en la publicación de datos verificados que detallen los daños estructurales sufridos por los centros penitenciarios. Adicionalmente, el Ejecutivo nacional mantiene bajo reserva las estadísticas operativas relativas al estado físico actual de los diferentes internados del país. Sin embargo, los monitoreos independientes de las agrupaciones civiles continuarán visibilizando las deficiencias para mejorar la situación de las cárceles en Venezuela.
La paulatina adopción de estándares internacionales en materia penitenciaria disminuirá los niveles de conflictividad interna en las instalaciones del territorio nacional. Por lo tanto, los juristas sugieren la creación de comisiones mixtas de legisladores para inspeccionar los calabozos de forma periódica y sorpresiva. De esta manera, el trabajo conjunto entre los familiares y las autoridades de justicia del Estado evitará la vulneración de los derechos fundamentales. De esta forma, las organizaciones no gubernamentales presionan por reformas estructurales profundas, analizando la situación de las cárceles en Venezuela.
Con información de Alberto News
