Exigen medidas urgentes para proteger la vida e integridad de los presos políticos en El Rodeo I. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) alertó en redes sociales sobre el riesgo inminente de una nueva actuación violenta. Ciertamente, la organización no gubernamental recibió denuncias formales este sábado dieciocho de julio tras concluir el horario de las visitas familiares obligatorias.
Por lo tanto, los defensores de derechos humanos exigen garantías inmediatas para salvaguardar la integridad física de los internos civiles. Asimismo, los familiares manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de reclusión que enfrentan los denominados presos políticos en Venezuela.
Denuncias de amenazas internas y custodia del grupo GRIC
Al respecto, los testimonios de los ciudadanos afectados indican que dentro del centro penitenciario persisten constantes amenazas verbales de aislamiento severo. Por consiguiente, los reclusos temen que los funcionarios públicos empleen nuevamente la fuerza física del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC). Sin embargo, el personal de custodia pretende obligar a los internos a ingresar a las celdas asignadas de forma obligatoria. Además, esta medida coercitiva busca detener las protestas pacíficas que organizan los familiares por la situación de los presos políticos en Venezuela.
Efectivamente, los reclusos permanecen actualmente agrupados en un área común interna bajo una estricta vigilancia y el control de los directores penitenciarios. Por este motivo, los internos exigen la no reclusión en calabozos que muestran evidentes fallas de infraestructura tras los recientes eventos sísmicos. Por otro lado, la directiva del internado judicial prohíbe la movilización libre de las personas confinadas en los pasillos principales. Adicionalmente, los defensores legales denuncian un ambiente de constante hostigamiento psicológico contra los familiares de los presos políticos en Venezuela.
Falta de protocolos de emergencia y el temor a réplicas sísmicas
Negligencia gubernamental durante los sismos del pasado mes
Por lo tanto, la organización civil recordó que el temor generalizado responde directamente a la negligencia institucional vivida durante los terremotos recientes. Por esa razón, los custodios mantuvieron encerrados a los reclusos sin protección alguna durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos continuos. Adicionalmente, las autoridades del recinto carcelario no activaron oportunamente ninguna medida de evacuación rápida ni protocolos de resguardo civil elementales. Por consiguiente, los internos exigen planes preventivos serios para evitar tragedias mayores con los presos políticos en Venezuela.
La postura oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario
Por otra parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ofreció una respuesta que agrava notablemente el descontento de los comités de víctimas. Ciertamente, las autoridades negaron y minimizaron las denuncias sobre maltrato físico durante una reunión realizada el pasado lunes trece de julio. No obstante, los voceros oficiales descalificaron las declaraciones de los familiares y rechazaron sancionar a los funcionarios involucrados en los abusos. Por esa causa, la impunidad institucional incrementa los riesgos de agresiones físicas contra los presos políticos en Venezuela.
Exigencias gremiales y solicitudes de investigación independiente
Por lo tanto, el comité ClippVe exige la aplicación urgente de una evaluación técnica independiente sobre las bases estructurales de El Rodeo I. Por esa razón, los activistas consideran indispensable el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos para verificar el estado de los pabellones. Adicionalmente, la ONG solicita el cese inmediato de las represalias judiciales y la remoción del personal directivo responsable del sistema penitenciario. Sin embargo, el Estado venezolano mantiene el control absoluto de las instalaciones mientras crece la preocupación por los presos políticos en Venezuela.
La falta de mantenimiento preventivo en las cárceles nacionales incrementa notablemente la vulnerabilidad de la población penal frente a los desastres naturales. Por lo tanto, los analistas jurídicos consideran que el Ejecutivo debe adecuar los centros de detención a los estándares internacionales mínimos de reclusión. De esta manera, la intervención oportuna de la Defensoría del Pueblo evitará nuevas violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela.
Con información de Caraota Digital
