El SNTP exige ante la Asamblea Nacional la derogación total de la Ley contra el Odio y advierte que su reforma mantiene multas millonarias y censura administrativa contra la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, luego de advertir ante la Asamblea Nacional que el proyecto de reforma parcial conserva mecanismos de control administrativo y severas sanciones económicas que amenazan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela.
Durante la consulta pública que albergó el Palacio Federal Legislativo —jornada en la que participó junto a organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión—, el gremio puntualizó que, aunque la modificación elimina las penas de cárcel, mantiene categorías sancionables ambiguas y amplias facultades discrecionales para el Poder Ejecutivo.
Al respecto, la organización recordó que hasta enero de 2026 contabilizó 40 trabajadores de la prensa detenidos o judicializados, grupo dentro del cual el 70 % (28 casos) enfrentó cargos vinculados directamente con esta normativa.
Más allá de los expedientes penales, el sindicato alertó que el temor a sufrir represalias fomenta la autocensura, frena investigaciones sobre hechos de corrupción y silencia a las fuentes informativas.
En concreto, el gremio cuestionó el artículo 4 porque introduce conceptos subjetivos como «temor», «angustia» o «zozobra», redacción que abre la puerta para castigar denuncias contra funcionarios públicos sin que las excepciones periodísticas cubran todas las conductas penalizables.
Multas millonarias, control ministerial y bloqueo editorial
De igual manera, el SNTP advirtió sobre los riesgos del artículo 21, norma que establece multas económicas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, sumadas a castigos de hasta 600 horas de trabajo comunitario, penalizaciones capaces de comprometer el patrimonio de reporteros independientes y paralizar la operatividad de los medios de comunicación.
Asimismo, el gremio denunció que el artículo 24 concede al ministerio con competencia en materia de justicia la potestad de investigar y sancionar expresiones públicas, incluyendo críticas directas hacia la gestión gubernamental.
Paralelamente, los artículos 13, 15 y 23 obligan a los medios a difundir contenidos oficiales durante 30 minutos semanales y a retirar mensajes en plataformas digitales de forma inmediata, imposiciones que vulneran la autonomía editorial.
Propuestas alternativas y deuda pendiente con las víctimas
Por otra parte, la directiva sindical argumentó que esta legislación resulta innecesaria porque el ordenamiento jurídico venezolano ya sanciona la discriminación y la instigación al odio a través del artículo 285 del Código Penal, así como mediante leyes especiales contra la violencia de género y la discriminación racial.
En consecuencia, propuso sustituir el enfoque punitivo por políticas educativas y apegarse a estándares internacionales como el Plan de Acción de Rabat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Finalmente, el SNTP lamentó que la propuesta legislativa omita mecanismos para revisar causas judiciales abiertas, borrar antecedentes penales o reparar integralmente a las víctimas tras nueve años de aplicación de la norma.
En definitiva, el sindicato concluyó que una verdadera convivencia democrática demanda anular por completo este instrumento legal para garantizar el derecho ciudadano a informar y sostener el debate público libre de persecuciones.
Con información de SNTP
