Abelardo De La Espriella desmantela la política de «paz total» de Gustavo Petro y cancela de golpe los diálogos con el Estado Mayor Central y paramilitares. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas de forma definitiva las mesas de diálogo y acercamientos que mantenía el Estado con diversas organizaciones armadas al margen de la ley, desmantelando formalmente el esquema de la denominada «paz total» que implementó su antecesor, Gustavo Petro.
Por lo tanto, el mandatario colombiano revocó mediante decretos ejecutivos los nombramientos de todos los delegados gubernamentales y anuló los reconocimientos oficiales otorgados a los voceros de las estructuras irregulares. Ante este escenario, la Casa de Nariño sustentó la medida en la potestad constitucional del jefe de Estado para definir los términos y actores de cualquier eventual proceso de negociación.
Resoluciones oficiales, ruptura con el EMC y paramilitares de la Sierra Nevada
En primer lugar, el paquete de resoluciones que el Ejecutivo firmó la noche del viernes y que trascendió a la opinión pública este sábado 29 de agosto cancela de manera inmediata los «espacios de conversación sociojurídica» que no mostraron avances sustanciales durante los últimos años.
En este sentido, la decisión gubernamental impacta de forma directa los canales de comunicación abiertos con el Estado Mayor Central (EMC), catalogada como la mayor disidencia de las extintas FARC, así como con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre otros frentes delictivos.
«Es potestad constitucional del Presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz; por ende, quedan sin efecto las resoluciones previas y los estatus otorgados a los delegados de estas organizaciones ilegales», determinaron los actos administrativos expedidos por el despacho presidencial.
Por consiguiente, los organismos judiciales y las fuerzas de seguridad reactivarán las acciones de persecución sobre los mandos irregulares cuyos beneficios procesales quedaron revocados.
Nuevo enfoque de seguridad y clausura del esquema sociojurídico
Anulación de facultades a los equipos negociadores
Por su parte, la Presidencia dejó sin efecto legal todas las acreditaciones que permitían a los portavoces de las bandas criminales y disidencias transitar en zonas especiales o participar en mesas técnicas de concertación.
De manera paralela, la administración de De la Espriella remarcó que las conversaciones sociojurídicas implementadas en el periodo previo fracasaron en su objetivo de contener la violencia en las regiones más vulnerables del territorio colombiano.
Expectativa por las directrices de las Fuerzas Militares
Al respecto, la terminación unilateral de los procesos anticipa un endurecimiento en las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zonas estratégicas como el Cauca, Catatumbo y el Caribe colombiano. Asimismo, analistas del conflicto siguen de cerca la respuesta que emitirán las cúpulas del EMC y los grupos paramilitares tras la pérdida formal del estatus de negociación.
Con información de EFE
