Valencia, 28 de octubre de 2026-. Presidente de Chile presentó un proyecto de ley para reducir las condenas a abusadores sexuales y desató la indignación nacional que amenaza su Gobierno.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de reducción de condenas por buen comportamiento, tras la polémica por el beneficio otorgado a 56 condenados por abusos sexuales y violaciones de menores de edad desde el inicio de su gobierno.
La iniciativa busca revisar la normativa que permite reducir sentencias como parte de los mecanismos de reinserción social. La controversia estalló luego de que una investigación del medio chileno Interferencia revelara que entre los beneficiados figuraban 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación.
El caso provocó indignación pública y aumentó la presión política sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya renuncia reclaman sectores de la oposición y también integrantes del oficialismo.
Un día antes de presentar el proyecto, Kast reconoció que el Estado había fallado al permitir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores recibieran estas rebajas. El mandatario anunció además la activación de protocolos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
«A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló», afirmó el presidente. También asumió la responsabilidad política correspondiente como jefe del Gobierno.
Presidente de Chile presentó un proyecto de ley para reducir las condenas a abusadores sexuales y desató la indignación nacional que amenaza su Gobierno
La iniciativa presentada ante el Congreso pretende modificar la legislación que contempla reducciones de penas para personas privadas de libertad que demuestren buena conducta.
El mecanismo tiene como finalidad favorecer la reinserción social, pero su aplicación a condenados por delitos sexuales contra menores abrió un debate sobre los criterios utilizados para conceder el beneficio.
Según la investigación de Interferencia, desde la llegada de Kast al poder en marzo se otorgaron 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por estos delitos. La publicación identificó 27 casos de abuso sexual y 29 de violación.
La controversia llevó al Gobierno a anunciar medidas para revisar el sistema y evitar que se repitan situaciones similares. Sin embargo, el debate también se trasladó a la continuidad de las autoridades responsables de aplicar la normativa.
Kast mantiene a Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia
Pese a reconocer la gravedad del caso, Kast decidió mantener en el cargo al ministro Fernando Rabat. El mandatario aseguró que el funcionario había reconocido el problema y trabajaba para corregirlo.
La decisión generó críticas en distintos sectores políticos, que consideran necesaria la salida del titular de Justicia. La presión aumentó después de las declaraciones de Rabat sobre el papel de su cartera en la concesión de las rebajas.
El ministro defendió la actuación del organismo y sostuvo que su función consiste en determinar si se cumplen los requisitos establecidos. También afirmó que no corresponde al Ministerio realizar una evaluación individual de la situación de cada interno.
Sus explicaciones no frenaron los cuestionamientos. Desde la oposición, parlamentarios anunciaron que preparaban una acusación constitucional contra Rabat, con la intención de presentarla ante la Cámara de Diputados el miércoles.
A las críticas se sumaron diputados oficialistas y aliados del Gobierno, quienes respaldaron la modificación de la ley y reclamaron responsabilidades por lo ocurrido.
La diputada oficialista Marlene Pérez expresó su preocupación por el impacto del caso en la administración y subrayó que la protección de la infancia debía ser una prioridad.
Protestas en Santiago exigen la salida del ministro
La polémica también provocó manifestaciones en la capital chilena. Durante la tarde del martes, decenas de personas se concentraron frente al Ministerio de Justicia para exigir la renuncia de Rabat y de su subsecretario, Luis Silva.
La protesta fue convocada por unas 15 organizaciones feministas y ciudadanas. Los asistentes exhibieron pancartas con mensajes como «No más impunidad» y corearon consignas contra el ministro.
La movilización se desarrolló en las inmediaciones de la cartera, en el centro de Santiago, sin que se reportaran incidentes violentos.
La feminista Rocío Hurtado, entrevistada por The Associated Press, criticó las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y expresó su rechazo a cualquier medida que considere perjudicial para la protección de niños y mujeres.
