Obispado Castrense de Venezuela confirma la aprehensión de dos sacerdotes en Barcelona por la Policía Municipal, activa el canon 1717 y ofrece respaldo a las víctimas. El Obispado Castrense de Venezuela confirmó de forma oficial la detención de dos sacerdotes adscritos a su Ordinariato Militar a manos de comisiones de la Policía Municipal de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.
La institución eclesiástica emitió un pronunciamiento institucional con fecha del 27 de octubre de 2026, respaldado con la firma de la máxima autoridad de esa jurisdicción religiosa, monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, luego de recibir una notificación formal por parte de la Diócesis de Barcelona.
El procedimiento genera expectación entre la feligresía del estado Zulia y del resto de las regiones venezolanas este miércoles 28 de octubre de 2026, dado el impacto que suscitan estas aprehensiones en la credibilidad pastoral.
La confirmación oficial y la trayectoria de los religiosos detenidos
El documento eclesiástico detalló los antecedentes pastorales de ambos clérigos dentro de la jurisdicción diocesana oriental antes del procedimiento de aprehensión.
El texto precisa que uno de los sacerdotes desempeña labores pastorales en esa demarcación desde hace 14 años, al tiempo que el segundo religioso arribó a dicha diócesis hace aproximadamente un año.
La jefatura del Ordinariato fijó su postura de sometimiento pleno a la institucionalidad del país a través de una manifestación categórica: «Este Obispado Castrense reitera su absoluto respeto a las leyes de la República y su firme disposición de colaborar plenamente con las autoridades judiciales, civiles y policiales competentes para el total esclarecimiento de los hechos».
En tal sentido, la máxima instancia religiosa militar anunció la reactivación de sus mecanismos disciplinarios internos con el propósito de no entorpecer los trámites del Estado.
A este respecto, el despacho episcopal instruyó a su Vicaría Judicial para que coopere estrechamente con la investigación preliminar que abrió la Diócesis de Barcelona, aplicando las directrices consagradas en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico para determinar posibles responsabilidades eclesiásticas.
Aunado a esto, las autoridades eclesiásticas buscan resguardar los principios morales de la congregación sin descartar sanciones disciplinarias internas si comprueban faltas a la doctrina.
Asimismo, observadores del ámbito jurídico destacan la celeridad del prelado para colocarse a la orden de los tribunales civiles y policiales sin recurrir a excepciones de fuero.
La atención a las víctimas y el llamado a la cautela procesal
El acompañamiento integral y la censura a malas conductas
Por otra parte, la jerarquía del Obispado exteriorizó su compromiso ético de tender puentes inmediatos de ayuda hacia las personas perjudicadas en esta causa.
La cúpula eclesiástica expresó su disposición formal de suministrar acompañamiento espiritual, asistencia psicológica y contención pastoral integral a las víctimas que resulten involucradas en los acontecimientos investigados.
El comunicado remarcó de manera tajante que el servicio religioso rechaza de raíz cualquier acción que vulnere la integridad de las personas, sentenciando que ninguna conducta que violente la dignidad humana o los principios del Evangelio tiene cabida dentro del ministerio sacerdotal.
Dicha manifestación procura blindar la confianza de los creyentes en las actividades de las parroquias y colegios mientras avanza el trabajo de los peritos policiales.
En consecuencia, los delegados pastorales mantendrán canales de recepción de quejas para atender cualquier denuncia que la feligresía considere pertinente elevar ante las comisiones.
La reserva judicial y la presunción de inocencia
Por añadidura, el obispo Benito Adán Méndez Bracamonte recordó la vigencia inalienable de las garantías constitucionales que amparan a los dos ciudadanos privados de libertad.
El prelado enfatizó el derecho elemental a la presunción de inocencia y al debido proceso judicial, exhortando a la opinión pública a mantener la prudencia colectiva antes de emitir juicios anticipados sobre el desenlace de las averiguaciones.
La institución eclesiástica evitó divulgar los nombres propios de los presbíteros implicados y omitió detallar los delitos específicos o las circunstancias fácticas que rodearon la aprehensión policial ejecutada la noche del lunes 26 de octubre.
Por otro lado, los vecinos de los sectores cercanos a las sedes parroquiales de Barcelona guardan expectación a la espera de que el Ministerio Público formule la imputación formal en el tribunal de control.
De modo que la intervención policial en Barcelona, la notificación de la Diócesis, la aplicación del canon 1717 y la oferta de apoyo psicológico a las víctimas marcan una encrucijada crítica para el Obispado Castrense.
Con información de Alberto News
