CIDH alerta por presos políticos en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este viernes su “profunda preocupación” por las personas que continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela y exigió su liberación inmediata e incondicional.
El organismo también condenó las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado y manifestó solidaridad con sus familiares. Entre los casos mencionados figuran Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y Víctor Hugo Quero Navas.
Según el comunicado, hasta abril de 2026 organizaciones civiles reportaban 454 personas privadas de libertad por razones políticas. Además, denunciaron presuntas desapariciones forzadas, incomunicación prolongada, torturas y negación de atención médica.
La CIDH señaló que continúa recibiendo denuncias sobre el uso de la prisión preventiva como mecanismo de “control, censura y represalia”, junto a violaciones al debido proceso y a la protección judicial.
El organismo también cuestionó el alcance de la denominada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, promulgada en febrero de 2026. Aunque fuentes oficiales aseguraron que más de 8.000 personas fueron beneficiadas, organizaciones civiles sostienen que solo 186 obtuvieron libertad plena.
Asimismo, indicaron que otras 554 personas excarceladas continúan sometidas a medidas cautelares y restricciones judiciales.
La CIDH criticó además el anuncio realizado el 23 de abril por Delcy Rodríguez sobre el fin de la aplicación de la ley. A juicio del organismo, esta situación evidencia la falta de separación de poderes y el debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela.
En el documento, la comisión insistió en que las liberaciones parciales “no eximen al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
CIDH alerta por presos políticos en Venezuela
También pidió publicar información verificable sobre las personas detenidas, procesadas y beneficiadas por medidas de amnistía.
Finalmente, la CIDH reiteró su disposición de realizar una visita oficial al país para observar la situación de derechos humanos e instó a la comunidad internacional a promover condiciones para elecciones “libres, justas y transparentes”.
