Venezuela criminaliza celebrar captura de Maduro tras decreto de conmoción. Celebrar públicamente la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por tropas de Estados Unidos, o respaldar los bombardeos de Washington, se ha convertido en una conducta perseguida penalmente en Venezuela tras la activación del estado de conmoción exterior.
El decreto, firmado el 3 de enero por el propio Maduro, ordena a los cuerpos de seguridad «emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra la República». Los detenidos deberán ser puestos a la orden del Ministerio Público para su juzgamiento.
Venezuela criminaliza celebrar captura de Maduro tras decreto de conmoción
La medida autoriza además la restricción de derechos como reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días, prorrogables por un período similar. Aunque fue anunciada a finales de septiembre, tras el inicio del despliegue naval estadounidense en el Caribe, su contenido se conoció públicamente después de la captura del mandatario.
Hasta ahora, se han reportado al menos dos detenciones por “celebrar el secuestro del presidente”. Los arrestos ocurrieron en Guaraque, en el estado Mérida, donde dos ciudadanos fueron acusados de proferir consignas contra el gobierno, incitar a la violencia y efectuar detonaciones con arma de fuego.
Organizaciones como el Foro Penal Venezolano informaron que verifican nuevas detenciones en distintas zonas de Caracas. A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la detención de 14 periodistas durante la instalación de la Asamblea Nacional. Trece fueron liberados sin presentación ante tribunales y uno fue deportado.
En San Antonio del Táchira, otros dos comunicadores extranjeros fueron retenidos e incomunicados durante varias horas antes de ser liberados.
El decreto también autoriza la militarización de servicios públicos, la industria petrolera y empresas básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal a régimen militar. Asimismo, exhorta a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”.
En Caracas se ha reportado la instalación de retenes controlados no solo por policías y militares, sino también por civiles armados, presuntamente integrantes de colectivos afines al gobierno.
Analistas y defensores de derechos humanos aseguran que la combinación del decreto, las amenazas oficiales y los antecedentes represivos explican la ausencia de protestas y la tensa calma que se vive en el país.
