Tribunal de Perú condena a penas de hasta 35 años de cárcel a 11 miembros de Los Gallegos del Tren de Aragua y ordena su expulsión definitiva del país. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional condenó este sábado 7 de noviembre de 2026 a penas de hasta 35 años de cárcel a 11 ciudadanos venezolanos señalados como integrantes de la facción Los Gallegos, célula vinculada a la megabanda criminal Tren de Aragua.
Los magistrados determinaron la responsabilidad penal de los cabecillas e integrantes procesados en Lima por delitos graves como organización criminal, homicidio calificado, trata de personas y explotación sexual agravada.
Las condenas máximas impuestas a los cabecillas y las reparaciones al Estado
A través de un comunicado oficial difundido a la opinión pública, el Ministerio Público precisó que los jueces leyeron la sentencia «tras una sólida investigación» técnica que permitió dictar «condenas ejemplares» contra la cúpula operativa de esta red ilícita.
En tal sentido, el tribunal impuso la pena máxima de 35 años de prisión para el considerado jefe de la organización, José Ortega, conocido en el bajo mundo con el alias de Armando José, tras hallarlo culpable del delito de homicidio calificado en agravio de múltiples víctimas.
A este respecto, el fallo judicial estableció que Ortega deberá abonar una reparación civil de un millón de soles (aproximadamente 289.000 dólares) a favor del Estado peruano, sumando montos específicos de 100.000 soles (28.900 dólares) y 80.000 soles (23.180 dólares) en beneficio directo de los deudos de cada persona asesinada.
Aunado a esto, los magistrados sentenciaron igualmente a 35 años de encierro al procesado Anyerbe Torrealba, alias Chino o Fesa, por su autoría demostrada en los delitos de organización criminal y homicidio calificado.
Asimismo, la sala penal castigó con 28 años de presidio a Ramses Rivas, alias Abraham o Gringo, y aplicó una pena de 28 años y cuatro meses de reclusión contra Yohamali Aponte, alias Yoba o Yoha, por incurrir en el delito de trata de personas agravada.
El desmantelamiento de la red ilícita y el precedente internacional
Las penas accesorias y la orden de expulsión fronteriza
Por otra parte, el tribunal evaluó la participación de los restantes integrantes de la banda y fijó condenas diferenciadas de 20, 14, 13 y 8 años de reclusión carcelaria.
Dichas penas sancionan la comisión comprobada de delitos que abarcan la pertenencia a organización criminal, explotación sexual agravada y la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.
En consecuencia, el juzgado ordenó en su resolución penal que los 11 sentenciados saldrán expulsados del territorio peruano inmediatamente después de que cumplan la totalidad de sus condenas, imponiéndoles una prohibición expresa que les impedirá volver a cruzar las fronteras del país andino.
El Ministerio Público calificó el dictamen como un «fallo histórico», remarcando que representa la tercera condena penal que la Fiscalía logra en Perú contra facciones adscritas al Tren de Aragua.
Dicha determinación judicial «consolida la respuesta firme y estratégica» de los entes persecutores del delito frente a las operaciones delictivas transfronterizas que vulneran la tranquilidad ciudadana.
La cooperación con agencias de Estados Unidos y el mensaje judicial
Por añadidura, las autoridades fiscales destacaron la articulación internacional que facilitó la recolección de evidencias decisivas y la desarticulación del aparato operativo de Los Gallegos.
El ente acusador contó con el respaldo especializado de miembros de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y los equipos de la ONG Our Rescue, alianza que en noviembre de 2022 permitió capturar al cabecilla y a sus principales colaboradores en diversos operativos simultáneos.
En tal contexto, la Fiscalía remarcó que la sentencia «marca un hito en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales» y ratifica que las investigaciones técnicas rigurosas «permiten llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la dignidad de las personas» dentro del territorio peruano.
Por otro lado, los organismos defensores de los derechos de las víctimas valoraron positivamente las indemnizaciones impuestas a los sentenciados, señalando que abren un precedente indispensable para resarcir a las familias golpeadas por la trata y la violencia armada.
Con información de Alberto News
