Honduras avanza contra reloj para oficializar resultados electorales amid disputas y denuncias de fraude. Honduras entra en la recta final de su proceso electoral, a pocas horas de que venza el plazo legal para oficializar los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. El proceso ha estado marcado por un ajustado resultado presidencial, retrasos en el escrutinio y acusaciones de injerencia de Estados Unidos.
Con el 99,93 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre como ganador al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con 40,27 % de los votos, apenas 0,74 puntos porcentuales por encima de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Honduras avanza contra reloj para oficializar resultados electorales amid disputas y denuncias de fraude
La mínima diferencia obligó a un escrutinio especial de casi 2.800 actas y mantiene al CNE trabajando contra reloj para proclamar a los ganadores de alcaldías y diputaciones, con plazo hasta el 30 de diciembre.
El estrecho margen, sumado a retrasos y amenazas a consejeras del CNE, debilitó la credibilidad del organismo. Nasralla rechazó el triunfo de Asfura y aseguró que defenderá «el voto por la vía legal, cívica y pacífica». Por su parte, Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, denunció un «fraude y una imposición extranjera».
El proceso estuvo marcado por la injerencia estadounidense, tras el respaldo público de Donald Trump a Asfura. La presidenta Xiomara Castro calificó la intervención como un intento de afectar el libre ejercicio del voto. Trump también concedió el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, liberado de una condena por narcotráfico días antes de las elecciones.
El CNE inició el escrutinio especial el 18 de diciembre, con retrasos causados por desacuerdos entre partidos y fallos en los sistemas de transmisión de resultados. Mientras tanto, el Partido Libre solicitó la nulidad del proceso, respaldado por Nasralla, aunque la empresa colombiana ASD, responsable del TREP, confirmó la integridad de los datos transmitidos.
Si no se oficializan los resultados antes del 30 de diciembre, el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, advirtió que convocará al pleno para realizar el escrutinio de cada junta receptora de votos, un escenario que la oposición considera inconstitucional.
