Provea denuncia impunidad tras 37 años de la masacre de 14 pescadores en Apure. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles la impunidad que persiste en el caso del asesinato de 14 pescadores en el estado Apure, ocurrido el 29 de octubre de 1988, a manos de comandos militares y policiales.
En aquel operativo, las autoridades afirmaron haber dado de baja a guerrilleros colombianos, pero luego se comprobó que las víctimas eran trabajadores locales, no subversivos. Solo dos personas sobrevivieron y fueron inicialmente presentadas ante tribunales militares por presunta rebelión, aunque un Consejo de Guerra revocó la medida y ordenó detener a los funcionarios implicados.
Las víctimas fueron José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1994, que en 1995 declaró al Estado venezolano responsable de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad personal.
Provea denuncia impunidad tras 37 años de la masacre de 14 pescadores en Apure
Provea recordó que, pese a esa sentencia, los principales responsables nunca fueron juzgados. Algunos de los efectivos permanecieron solo siete años detenidos antes de ser absueltos, y en 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló esas absoluciones, ordenando reabrir el proceso. Sin embargo, casi una década después, no hay avances judiciales.
“La mayoría de los involucrados en la masacre ocuparon altos cargos en instituciones del Estado, incluso durante el gobierno de Hugo Chávez”, denunció la organización.
Provea insistió en que el Estado venezolano mantiene una deuda histórica de justicia y reparación con las familias de las víctimas y reiteró su llamado a cumplir con las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana.
