ONU denuncia sanción contra abogada venezolana. ONU denuncia sanción contra abogada venezolana María Alejandra Díaz por exigir resultados desagregados del 28J.
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, denunció las sanciones impuestas contra la abogada venezolana María Alejandra Díaz, quien respaldó un amparo que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar de forma detallada los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
La información fue difundida por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a través de la red social X.
Allí, expresaron la «grave preocupación» de Satterthwaite ante lo que calificó como una sanción «sin base legal clara, con procedimiento opaco y medidas desproporcionadas».
ONU denuncia sanción contra abogada venezolana
Entre las acciones tomadas contra Díaz figuran una multa económica, la suspensión del ejercicio profesional y la apertura de un proceso disciplinario al que no ha tenido acceso completo, incluyendo la sentencia correspondiente.
Acusaciones de intimidación y falta de respuesta del gobierno
Satterthwaite advirtió que este caso parece ser parte de «un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos» en Venezuela.
María Alejandra Díaz, quien fue exvicepresidenta de la Comisión de Justicia de la ANC en 2017 y es crítica del actual gobierno, también ha denunciado presiones y amenazas, incluyendo la detención de familiares, como mecanismo para forzar su entrega a las autoridades.
Según Provea, la comunicación oficial enviada por la ONU al gobierno de Nicolás Maduro no obtuvo respuesta en el plazo de 60 días. Cumplido ese lapso, fue publicada conforme al protocolo de transparencia que rige estos procedimientos internacionales.
Preocupación internacional por uso del sistema judicial
Esta denuncia se suma a otras alertas sobre el uso del sistema judicial en Venezuela como instrumento para castigar la disidencia política y limitar la defensa de derechos fundamentales.
Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado su inquietud por la falta de garantías judiciales, la opacidad en los procesos legales y los castigos aplicados a voces críticas, como abogados, activistas y defensores de derechos humanos.
