AP – Caracas, 1 de mayo de 2025-. Inmigrantes en la franja norte de Texas viven en el limbo bajo represión de Trump. El camionero poda el césped de su casa en Texas durante una tarde ventosa, en un pueblo tan tranquilo que es posible dar paseos vespertinos en medio de la avenida principal.
Kevenson Jean partirá a otro viaje largo al día siguiente, y quiere que todo esté en orden en la casa de dos dormitorios que comparte con su esposa en el pueblo de Panhandle, en la franja norte del estado. Así que, después de pasar la podadora, arranca con cuidado el pasto que crece alrededor de las astas para bandera de su jardín delantero. En una ondea la bandera haitiana; en la otra, la estadounidense. Ambas están desteñidas debido a los rayos solares.
La joven pareja huyó de la violencia que se ha apoderado de Haití, y hasta hace unos meses creía que podía vislumbrar el “sueño americano” a cierta distancia en su futuro.
Ahora están inmersos en la confusión y el miedo que se extienden por las comunidades de inmigrantes que salpican esta región. Durante generaciones ha habido aquí recién llegados que vienen a trabajar en las enormes plantas de la industria cárnica, surgidas a medida que el estado se convirtió en el principal productor de ganado de Estados Unidos. Pero cuando el presidente Donald Trump tomó medidas para eliminar las vías legales que inmigrantes como los Jean han utilizado, su futuro se tornó incierto, al igual que el de las comunidades e industrias de las que forman parte.
Inmigrantes en la franja norte de Texas viven en el limbo bajo represión de Trump
“No somos delincuentes. No quitamos empleos (a los) estadounidenses”, declaró Jean, cuyo trabajo de transportar carne y otros productos ya no atrae a tantos choferes nacidos en Estados Unidos como solía hacer.
Él ha ganado más dinero del que jamás imaginó, y ha descubierto los placeres de la cerveza Bud Light, la pesca y los Dallas Cowboys. Cuando su esposa Sherlie no está en uno de sus dos trabajos en el sector restaurantero, lee novelas románticas de bolsillo —cuyas portadas están inundadas de mujeres que se desmayan de pasión— para practicar su inglés.
“Hicimos todo lo que nos pidieron que hiciéramos, y ahora nos tienen en la mira”.
“Váyanse de Estados Unidos”
El mensaje fue contundente.
“Es hora de que usted se vaya de Estados Unidos”, escribió este mes el Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico enviado a algunos inmigrantes que tenían permiso legal para vivir en el país. “No intente quedarse en Estados Unidos: el gobierno federal lo encontrará”.
Esto es lo que Trump había prometido desde hace tiempo.
La inmigración a Estados Unidos —la legal y la de personas sin autorización— aumentó durante el gobierno del presidente Joe Biden, y Trump transformó ese dato en una visión apocalíptica que tuvo gran repercusión entre los votantes.
La retórica de la Casa Blanca se ha centrado en la inmigración ilegal y en el número relativamente pequeño de inmigrantes que ellos dicen que son miembros de pandillas o que han cometido delitos violentos. Además, el gobierno de Trump también ha intentado eliminar muchas de las vías legales para que los inmigrantes ingresen a Estados Unidos, y revocar el estatus temporal de cientos de miles de personas que ya se encuentran aquí, argumentando que sus antecedentes no fueron examinados adecuadamente.
Jean se encuentra entre los aproximadamente 2 millones de inmigrantes que viven legalmente en el país con algún tipo de estatus temporal. La mayoría han huido de países que enfrentan graves problemas: Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Afganistán, Myanmar, Sudán. A muchos se les permite trabajar en Estados Unidos, tener empleos y pagar impuestos.
En cierto modo, Jean se muestra comprensivo con la represión a los inmigrantes.
“La Casa Blanca, yo respeto lo que dice”, expresó. “Trabajan para que Estados Unidos sea más seguro”.
“Pero diré que no todos los inmigrantes son pandilleros. No todos los inmigrantes son como un criminal. Algunos de ellos, como mi esposa y yo, y otras personas, sólo vienen aquí para tener una vida mejor”, agregó.
El gobierno les informó a más de 500.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que perderían su estatus legal a partir del 24 de abril, aunque un juez suspendió esa orden. Está previsto que unos 500.000 haitianos pierdan un estatus de protección distinto en agosto.
