Notitarde – Caracas, 18 de octubre de 2024-. La muerte violenta de una joven de 23 años que fue apuñalada varias veces por su expareja y el intento de feminicidio de una mujer de 28 que fue vejada y torturada en una cárcel en Bolivia han conmocionado al país suramericano, donde se reportan más de 70 fallecidas a causa de la violencia machista en lo que va de año.
El primer caso se registró el martes en la localidad de Caranavi, en la zona subtropical de Los Yungas de La Paz, cuando Kamila P. pasaba clases en un instituto de formación de maestros y su expareja, identificado como Edwin M.C.H., la atacó con un cuchillo hasta matarla en un aparente ataque de celos, según las investigaciones preliminares.
El otro suceso ocurrió el sábado en la cárcel de máxima seguridad de El Abra, en la región central de Cochabamba, donde un recluso de 48 años sentenciado por un feminicidio convenció a su exnovia de que le visite para violarla, torturarla por varias horas y finalmente prenderle fuego junto a otros reclusos que participaron en estos delitos.
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La diputada de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Gabriela Ferrel, que es secretaria del Comité de Derechos de Género de la Cámara Baja, difundió este jueves un «manifiesto de protesta» por estos sucesos de «extrema violencia hacia la mujer» en Bolivia.
El documento, suscrito también por la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, alertó de que lo ocurrido en El Abra «es una muestra desgarradora de cómo las mujeres siguen siendo vulnerables incluso dentro de las instituciones del Estado».
Mientras que el «feminicidio atroz» ocurrido en Caranavi «es otro cruel recordatorio de la impunidad y la falta de acción».
«Estos episodios no son casos aislados; son la manifestación de un sistema insensible frente a los hechos de violencia contra la mujer denunciados a diario; de un sistema judicial que las expulsa dejándolas en indefensión y de una sociedad que aún no comprende la urgencia de frenar la violencia de género», señaló el manifiesto.
La diputada y la red exigieron que estos hechos «no queden en la impunidad» y que la lucha contra la violencia machista sea prioridad «en todos los niveles de acción del Estado».
El presidente Luis Arce informó en la víspera que instruyó al Ministerio de Gobierno (Interior) que «acompañe el proceso» por el feminicidio de Kamila P. «hasta obtener la máxima sentencia contra Edwin M.C.H.».
Polémico tratamiento mediático
Este caso provocó mayor indignación aun porque algunos medios locales difundieron un video del ataque sufrido por la joven que fue filmado por uno de sus compañeros de curso.
Los principales gremios de periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia recordaron en un comunicado que el periodismo «ejercido con calidad filtra obligatoriamente todo registro» de imágenes de «hechos de crueldad» porque esto puede afectar la «sensibilidad de la población» y «violar los derechos de las víctimas o de sus familiares».
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló en la red social X que casos como el de Caranavi «ponen en evidencia la insuficiencia del Estado» para prevenir y sancionar estos crímenes, «así como la falta de algunos medios de comunicación en aplicar el Protocolo para el Tratamiento Informativo de Violencia Basada en Género».
«Los feminicidios no son un espectáculo a ser difundido, son muestra del deterioro de valores de la sociedad plagada aún de violencia machista», lamentó.
La Fiscalía boliviana tenía registro de 72 feminicidios ocurridos desde enero hasta el 14 de octubre.
En Bolivia rige desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero las organizaciones feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales y la falta de recursos y personal capacitado para atender las denuncias, entre otros.
