El Diario – Caracas, 24 de noviembre de 2024.- Al menos 61 personas fueron asesinadas en cuatro operativos de seguridad en Venezuela, entre mayo y septiembre de 2022, durante hechos señalados como irregulares por la organización Lupa Por la Vida, auspiciada por la organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos Provea.
Las víctimas eran presuntos integrantes de bandas criminales y fueron asesinadas en supuestos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad; sin embargo, algunos familiares aseguran que se trató de ejecuciones extrajudiciales, reseñó EFE.
Otras noticias: ONU: 56% de los femicidios en el 2021 fueron cometidos por algún familiar
“Se mantiene un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos observado en todo el territorio nacional. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de barrios y pueblos en edades comprendidas entre los 15 y 29 años”, señala el informe.
Uno de los operativos, registrado en mayo, dejó 8 muertos en el estado Yaracuy, luego en septiembre hubo tres despliegues policiales en los que murieron 14 presuntos criminales en Guárico, 24 en Miranda y 15 Caracas.
Un familiar relató a la ONG que uno de los jóvenes asesinados estaba sentado en la entrada de su casa cuando llegaron los policías y se lo llevaron, junto a otros dos muchachos, entre ellos, un menor de edad, quienes aparecieron muertos después.
Según el escrito, hubo otros tres operativos este año, todos llamados “Operaciones Trueno”. Lupa por la Vida manifestó que estas actuaciones son similares a las ejecutadas en el marco de las llamadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que entre 2015 y 2017 se saldaron con decenas de ejecuciones extrajudiciales, según un informe de Naciones Unidas (ONU).
El tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas, que se presentó el 20 de septiembre, concluyó que los organismos de seguridad y servicios de inteligencia del Estado venezolano cometieron crímenes de lesa humanidad en el país.
Para la conclusión, el informe se basó en 246 entrevistas de víctimas, familiares y exfuncionarios de varios organismos de seguridad. Estas declaraciones confidenciales dieron cuenta de las agresiones cometidas.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
Víctimas de funcionarios
En informes anteriores la misión había demostrado su preocupación ante las denuncias en contra de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En este reporte los representantes de la misión de la ONU determinaron que ambos organismos son los brazos ejecutores de planes orquestados desde el alto mando político para reprimir a las disidencias.
