Un demoledor informe de la ONG Betselem destapa el plan de Israel para desmantelar la existencia palestina mediante asfixia económica y violencia impune en Cisjordania. La organización no gubernamental israelí Betselem presentó este lunes 14 de septiembre de 2026 un exhaustivo informe de 249 páginas titulado «El proyecto de eliminación», donde expone una estrategia estatal coordinada para desmantelar las bases de la vida comunitaria palestina y forzar una fragmentación territorial irreversible.
Por lo tanto, la entidad defensora de los derechos humanos denunció ante medios internacionales en Jerusalén que las autoridades de Tel Aviv ejecutan políticas sistemáticas destinadas a tornar a la población originaria en un colectivo vulnerable y dependiente.
Ante este escenario, la investigación fundamenta cómo el Estado reorganiza el espacio geográfico para consolidar un control institucional y permanente sobre los recursos de Cisjordania.
Cinco mecanismos de opresión, el giro político de 2022 y el impacto en Gaza
Durante la conferencia de prensa, la entidad precisó que estas medidas de presión funcionan desde 1967, pero alcanzaron un ritmo vertiginoso a finales de 2022 con la llegada al poder de la coalición que encabeza Benjamín Netanyahu junto a sectores de la ultraderecha nacionalista.
Desde ese momento, los 3,5 millones de palestinos que habitan en Cisjordania enfrentan hostilidades continuas en sus actividades diarias más elementales, situación que los arrastra a un dilema absoluto: aceptar la soberanía extranjera, abandonar sus hogares natales o sufrir una violenta represión armada si eligen la resistencia activa.
De esta forma, Betselem identificó cinco mecanismos interconectados que operan en simultáneo para consolidar el despojo, titulados como violencia e intimidación, restricciones severas de movimiento, estrangulamiento de la economía, destrucción sociopolítica, y prácticas de limpieza étnica con apropiación territorial directa.
La directora ejecutiva de la ONG, Yuli Novak, tomó la palabra para exigir que los gobiernos del mundo respondan con sanciones concretas y no con simples declaraciones diplomáticas, remarcando que el propio aparato estatal financia, protege e integra estas violaciones dentro de un sistema de impunidad generalizada.
El documento reserva un apartado contundente para la Franja de Gaza, territorio donde la política de exclusión adquirió dimensiones extremas al normalizar la destrucción física y las matanzas a gran escala, transformando el umbral de lo que la sociedad civil dominante concibe como fuerza legítima.
Régimen militar discriminatorio, apropiación territorial y violencia impune
El control sobre 200.000 hectáreas de terreno
Asimismo, la investigación incorporó el análisis de 2.000 testimonios recolectados durante los últimos tres años para evidenciar la brecha institucional que rige en el terreno. Las leyes otorgan garantías civiles y plenos derechos políticos a los colonos judíos en los asentamientos, mientras someten a la población palestina a las órdenes de tribunales y mandos castrenses estrictos.
A través de este andamiaje burocrático y militar, el Estado ya absorbió más de 200.000 hectáreas —equivalentes a más de un tercio de Cisjordania— valiéndose de figuras jurídicas como reservas naturales, zonas de seguridad cerradas y declaraciones de tierras públicas para ampliar asentamientos agrícolas y puestos de avanzada.
Ataques de colonos armados e inacción en los tribunales
La violencia de los colonos armados opera en el terreno como un instrumento central para delimitar el movimiento de los palestinos, borrando los límites entre las facultades militares y las acciones de civiles protegidos por los soldados.
Las cifras judiciales recopiladas entre 2016 y 2024 reflejan la protección institucional del ejército: de 2.427 denuncias formales por agresiones de tropas a pobladores locales o sus propiedades, las cortes abrieron investigaciones únicamente en el 22,7 % de los expedientes y solo formalizaron acusaciones penales en el 0,9 % de los incidentes.
Además, los peritajes confirmaron que soldados y colonos mataron a 1.087 palestinos —entre ellos 242 menores y 21 mujeres— en Cisjordania y Jerusalén Este entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026.
El estrangulamiento económico y la revocación de permisos laborales
Finalmente, el informe detalla el cerco financiero histórico que impone Tel Aviv al retener el dominio exclusivo de las aduanas, controlar los recursos naturales y absorber la fuerza laboral hacia el mercado foráneo. Tras los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023, las autoridades agravaron este sometimiento al revocar 140.000 permisos de trabajo a los obreros de Cisjordania, disparando las tasas de desempleo y condenando a la indigencia a miles de familias trabajadoras.
Con información de EFE
