Trump evita revocar por ahora la ciudadanía por nacimiento en EE. UU. El presidente estadounidense, Donald J. Trump, frenó temporalmente sus esfuerzos para revocar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, una de sus promesas más controvertidas en materia migratoria. Aunque había firmado una orden ejecutiva a inicios de 2025 con la intención de limitar la ciudadanía solo a hijos de padres que fueran ciudadanos o residentes legales permanentes, tribunales federales suspendieron repetidamente la aplicación de esa medida.
Por ahora, esa suspensión judicial sigue vigente y la ciudadanía por nacimiento —garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución— continúa vigente para los niños nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva, que pretendía redefinir quién tiene derecho automático a la nacionalidad, no está siendo aplicada.
Trump evita revocar por ahora la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.
La controvertida medida había generado una ola de reacciones, no solo de defensores de los derechos civiles y organizaciones pro inmigrantes, sino también de autoridades estatales que impugnaron su constitucionalidad. Sostienen que cambiar ese derecho requeriría una enmienda constitucional, ya que la jurisprudencia histórica y numerosos fallos de la Corte Suprema respaldan la ciudadanía automática otorgada a quienes nacen en territorio estadounidense.
El contexto actual marca una pausa en el debate: aunque Trump y sus simpatizantes afirman que la medida es necesaria para controlar la inmigración irregular y evitar lo que denominan “turismo de nacimiento”, sus opositores consideran que atacar este derecho vulnera principios fundamentales de igualdad, inclusión e integración social.
Mientras tanto, por decisión judicial, los recién nacidos en Estados Unidos —incluyendo a hijos de inmigrantes sin estatus regular— continúan recibiendo automáticamente la ciudadanía. Las acciones de Trump están en espera de una revisión final por parte de la Corte Suprema, que deberá decidir si la orden ejecutiva puede implementarse o si constituye una violación constitucional.
Con información de CNN
