Sanidad advierte: usará «todas las medidas legales» para asegurar la cuarentena por hantavirus. El Ministerio contradice el tono conciliador de Defensa y subraya que, aunque se busca la voluntariedad de los catorce españoles del crucero, la prioridad absoluta es evitar un riesgo epidemiológico.
El regreso de los catorce españoles atrapados en el crucero MH Hondius tras un brote de hantavirus ha abierto una brecha de matices en el seno del Ejecutivo. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, apelaba este miércoles a la «voluntariedad» de los afectados para someterse a la cuarentena, el Ministerio de Sanidad ha endurecido el discurso, advirtiendo de que el Gobierno utilizará «todos los instrumentos legales a su disposición» para garantizar la seguridad sanitaria del país.
Sanidad advierte: usará «todas las medidas legales» para asegurar la cuarentena por hantavirus
El conflicto surge ante la naturaleza de la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla. Al ser una medida que priva de libertad a personas que, por ahora, se mantienen asintomáticas, Robles señaló que la permanencia en el centro dependería de un consentimiento informado firmado por los propios ciudadanos. Sin embargo, fuentes de Sanidad han matizado rápidamente estas declaraciones, subrayando que, si bien confían en que los afectados querrán «el mejor cuidado médico posible», la salud pública no quedará al azar de una decisión individual.
Un traslado militar bajo sospecha
El operativo ya está en marcha. El buque partió esta tarde desde Cabo Verde con destino a las Islas Canarias. Se espera que los ciudadanos aterricen el próximo domingo en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde un avión militar medicalizado los trasladará directamente a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Una vez en suelo madrileño, los repatriados serán evaluados en la planta de aislamiento del Gómez Ulla. Sanidad insiste en que el protocolo debe cumplirse con rigor científico, recordando que el hantavirus es una enfermedad de alta complejidad que requiere una vigilancia estricta para evitar cualquier tipo de filtración al resto de la población.
El dilema ético y legal
El caso pone de relieve el eterno debate sobre dónde terminan los derechos civiles y dónde empieza la seguridad colectiva. Aunque Defensa insiste en que la medida es «voluntaria» para evitar un conflicto jurídico por detención ilegal, Sanidad recuerda que el marco normativo español permite a las autoridades actuar de forma coercitiva en situaciones de riesgo sanitario extraordinario.
«El Gobierno tomará las medidas necesarias, como no podría ser de otra manera», sentencian desde el Ministerio de Sanidad, dejando claro que, si bien se busca la cooperación de las familias, el Estado no dudará en recurrir a la vía judicial para imponer el aislamiento si se considera que la protección de la salud pública está en juego.
Con información de EFE.
