Presidente de Colombia ordena expulsar a venezolanos irregulares con antecedentes en Bogotá y no descarta militarizar la capital tras masivo operativo policial. El presidente de Colombia Abelardo De La Espriella ordenó directamente al director de Migración Colombia José Luis Castañeda ejecutar la deportación inmediata de todos los migrantes venezolanos en condición irregular que cometan delitos o registren anotaciones judiciales en Bogotá este jueves 29 de octubre de 2026.
El mandatario formalizó el mandato al término de una cumbre institucional con el alcalde mayor Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano. Dicho pronunciamiento ocurre en un momento de máxima tensión comunitaria luego de que las autoridades policiales efectuaron una redada que dejó decenas de personas tras las rejas.
La orden directa a Migración y el diagnóstico de la irregularidad en Bogotá
El jefe del Estado colombiano fijó su postura tajante ante los reporteros al abandonar la sala de reuniones ratificando que no tolerará infractores en el perímetro urbano.
De La Espriella definió el criterio de actuación de las fuerzas de control con un mensaje sin matices: «Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación».
El dignatario recalcó que impartió esa instrucción precisa a la máxima autoridad migratoria para que agilice los trámites de expulsión en coordinación con los despachos policiales.
En tal sentido el mandatario reconoció que Bogotá atraviesa una coyuntura sumamente delicada en materia de convivencia y orden público.
A este respecto el gobernante reveló que más de 148.000 ciudadanos venezolanos permanecen actualmente en condición indocumentada dentro de la capital.
Aunado a esto los inspectores de extranjería coordinarán revisiones en terminales y zonas comerciales para verificar el estatus legal de los residentes extranjeros.
Las capturas masivas y las intervenciones carcelarias
El despliegue policial y el traslado de reclusos
Por otra parte el pronunciamiento coincidió con la instalación del primer consejo de seguridad que el Ejecutivo central encabezó para atender la situación de Bogotá.
Durante la madrugada previa las fuerzas combinadas desarrollaron un masivo operativo que culminó con la aprehensión de 172 personas de las cuales 104 enfrentaban órdenes judiciales previas.
Dicha ofensiva policial concentrará esfuerzos operativos en las localidades de Suba Kennedy y Ciudad Bolívar por mostrar los mayores índices de conflictividad.
En consecuencia el Gobierno nacional ordenó el traslado inmediato de los detenidos en la urbe hacia establecimientos penitenciarios ubicados en otros departamentos del territorio colombiano.
De igual manera los custodios carcelarios intensificarán las requisas y bloqueos de comunicaciones en las prisiones capitalinas para erradicar las redes de extorsión telefónica.
La opción militar y las reuniones mensuales de seguimiento
Por añadidura De La Espriella anunció que mantendrá una mesa de trabajo permanente mediante consejos de seguridad mensuales junto al equipo del alcalde Galán.
El dignatario respondió además a las preguntas de la prensa señalando que contempla evaluar la militarización de los barrios bogotanos si la delincuencia no cede.
Dicha determinación busca cerrar el paso a las bandas organizadas que intimidan a los comerciantes y disputan el control de los corredores vecinales.
Por otro lado las organizaciones defensoras de los derechos humanos observan con detenimiento los alcances jurídicos que implicará el despliegue del ejército en las avenidas.
De modo que la orden de expulsión a extranjeros con prontuario el censo de 148.000 irregulares las 172 detenciones y la advertencia de tropas en las calles marcan el nuevo rumbo de la seguridad en Bogotá.
Con información de Alertas 24
