Valencia, 30 de octubre de 2026-. ONG denunció la muerte de dos privados de libertad bajo custodia del Estado por presunta falta de atención médica.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este viernes la muerte de dos privados de libertad bajo custodia del Estado por presunta falta de atención médica. La información sobre ambos decesos fue reportada inicialmente por el portal de noticias El Diario.
La organización no gubernamental precisó que los fallecimientos ocurrieron en el Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira, y en los calabozos de Guaiparo, en Bolívar. Las víctimas padecían enfermedades crónicas y no habrían recibido el tratamiento especializado oportuno.
Humberto Prado, director del OVP, se pronunció para exigir respuestas oportunas a los entes de justicia. El vocero rechazó la vulneración continuada a la salud de los privados de libertad en los distintos recintos penitenciarios.
ONG denunció la muerte de dos privados de libertad bajo custodia del Estado por presunta falta de atención médica
Una de las víctimas fue identificada como Rendy Ramón Ladera Araujo, quien padecía leucemia y falleció el pasado 26 de octubre en San Cristóbal. El ciudadano permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I.
El segundo caso corresponde a Ildelfonzo Gil, quien falleció el 27 de octubre en Puerto Ordaz debido a un cáncer avanzado en el rostro. Gil se encontraba bajo custodia preventiva en las instalaciones policiales del estado Bolívar.
«Exigimos investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar si existieron retrasos u omisiones que comprometieran sus vidas», expresó Prado en representación del OVP.
Irregularidades procesales y hacinamiento en Guaiparo
La ONG denunció serias irregularidades procesales durante el encarcelamiento de Gil. Su representación legal solicitó en tres oportunidades una medida humanitaria para su atención prioritaria, pero la petición fue denegada por los tribunales.
La orden para otorgarle arresto domiciliario fue tramitada por el juzgado de la causa después del deceso del privado de libertad. La organización tildó la respuesta judicial tardía como una falla grave en el sistema de justicia penal.
Asimismo, el observatorio alertó sobre las condiciones extremas de hacinamiento en los calabozos policiales de Guaiparo. En dicha sede permanecen 850 detenidos, pesar de que las instalaciones fueron diseñadas para un límite máximo de 100 personas.
