Valencia, 31 de octubre de 2026-. Presidente de Chile destituyó al subsecretario de justicia por la controversia a partir de la decisión de rebajarle las penas a acusados de abusos sexuales contra menores.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, destituyó al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de una controversia por la concesión de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
La polémica se intensificó tras conocerse que 56 condenados por delitos sexuales contra menores obtuvieron beneficios penitenciarios que permitieron su excarcelación. El caso provocó críticas de la oposición y de sectores de la propia derecha oficialista.
En un comunicado, la Presidencia chilena anunció el nombramiento de Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia y agradeció a Silva por el trabajo realizado durante su gestión. Soto es abogada y egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Presidente de Chile destituyó al subsecretario de justicia por la controversia a partir de la decisión de rebajarle las penas a acusados de abusos sexuales contra menores
La destitución de Silva, militante del oficialista Partido Republicano, ocurrió después de la difusión de un video no autorizado en el que intentaba justificar las reducciones de condenas aplicadas entre marzo y septiembre de 2026.
El episodio aumentó la presión sobre el Gobierno de Kast por la gestión de los beneficios penitenciarios. Sin embargo, el mandatario decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha defendido la legalidad de los decretos.
La decisión generó cuestionamientos de distintos sectores políticos. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó la salida del subsecretario en la red social X.
«Kast saca a Silva porque hizo un video sin avisar», escribió Yeomans, quien cuestionó que el ministro Rabat continúe en el cargo pese a la controversia.
La oposición prepara una acusación contra el ministro Rabat
Las fuerzas opositoras consideran insuficiente la destitución de Silva y anunciaron que formalizarán en los próximos días una solicitud de juicio político contra Rabat ante el Congreso Nacional.
Con esta iniciativa buscan establecer la responsabilidad constitucional del ministro por la concesión de los beneficios penitenciarios.
La controversia también abrió un debate sobre la aplicación retroactiva de las normas aprobadas en 2022, que restringen los beneficios para personas condenadas por delitos de abuso sexual contra menores.
Rabat sostiene que los decretos firmados responden a exigencias técnicas derivadas de informes de Gendarmería. No obstante, algunos parlamentarios han señalado que gobiernos anteriores rechazaban sistemáticamente este tipo de rebajas de condena.
