Valencia, 29 de octubre de 2026-. Oposición chilena amenaza al Gobierno de Kast con recurrir a la Contraloría por anuncio de rebaja de las condenas a violadores y pederastas.
Las rebajas de condenas a pederastas en Chile intensificaron la ofensiva de la oposición, que exigió al Gobierno entregar los decretos y antecedentes de los casos para evaluar la protección de las víctimas y sus familias.
Dirigentes y parlamentarios opositores se reunieron este jueves con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para abordar las medidas de resguardo necesarias para niños, niñas y adolescentes afectados por estas decisiones.
Tras el encuentro, el bloque emplazó al Ejecutivo a facilitar la documentación que permita conocer los criterios aplicados para conceder las rebajas y las condiciones actuales de las víctimas.
La controversia ocurre después de que la Defensoría de la Niñez solicitara formalmente la información al Ministerio de Justicia y estableciera un plazo de cinco días para recibirla. La oposición advirtió que, si el requerimiento no se cumple dentro del tiempo previsto, recurrirá a la Contraloría y a otras instancias para obtener los antecedentes.
Oposición chilena amenaza al Gobierno de Kast con recurrir a la Contraloría por anuncio de rebaja de las condenas a violadores y pederastas
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que la prioridad es conocer los decretos y las decisiones políticas que sustentaron los beneficios, así como determinar qué medidas de protección requieren las víctimas.
«Acá no solo es el Ministerio de Justicia, sino que también el Ministerio de Desarrollo Social, que puede tomar cartas en el asunto para poder proteger a las víctimas», explicó.
La oposición busca establecer, en particular, si las personas que recibieron rebajas de condena o recuperaron su libertad mantienen cercanía con sus víctimas. La información, sostienen, resulta necesaria para evaluar posibles riesgos y definir medidas de resguardo para los afectados y sus familias.
Por su parte, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, cuestionó la respuesta del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y exigió explicaciones sobre los criterios utilizados para conceder las rebajas.
«Por ahora, la preocupación número uno son los niños. Son las víctimas», afirmó Soto, quien advirtió que la oposición continuará con las acciones administrativas y políticas que ha impulsado frente a la controversia.
Los parlamentarios también sostienen que las decisiones administrativas podrían haber vulnerado garantías de protección de niños, niñas y adolescentes. Estas acusaciones forman parte de los cuestionamientos que buscan esclarecer mediante la entrega de los antecedentes oficiales.
Diputados piden un fiscal exclusivo para investigar a Rabat
En paralelo, los diputados Juan Santana, del Partido Socialista (PS), y Luis Cuello, del Partido Comunista (PC), acudieron este jueves a la Fiscalía para solicitar la designación de un fiscal con dedicación exclusiva.
La petición busca investigar la denuncia penal presentada contra el ministro Fernando Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, por el eventual delito de prevaricación administrativa.
Cuello acusó al ministro de haber infringido la ley al conceder beneficios de reducción de condena a responsables de delitos sexuales contra menores de edad. El diputado sostuvo que la normativa impediría otorgar ese beneficio en esos casos.
«Él no tenía una alternativa. No tenía una opción. Él no podía elegir», declaró el parlamentario al cuestionar la decisión.
La denuncia deberá ser investigada para determinar si existieron responsabilidades penales. Por ahora, las acusaciones de la oposición no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados.
La oposición anuncia nuevas acciones
Los parlamentarios anunciaron que mantendrán las gestiones judiciales, administrativas y legislativas para esclarecer las circunstancias en que se concedieron las rebajas de condena.
La entrega de los decretos y de los antecedentes solicitados por la Defensoría de la Niñez será clave para conocer los fundamentos de las decisiones y evaluar las medidas de protección correspondientes.
