Migración Colombia expulsa por el puente Tienditas a 12 extranjeros con 167 sanciones por desorden público y eleva a más de 800 las deportaciones bajo el mandato de Abelardo De La Espriella. La autoridad de Migración Colombia informó este domingo 8 de noviembre de 2026 la expulsión de 12 personas que acumulaban en conjunto 167 medidas correctivas por conductas contrarias a la seguridad pública.
Los funcionarios policiales y migratorios coordinaron el traslado y traspasaron a los hombres a las comisiones correspondientes de Venezuela en la propia línea limítrofe del puente internacional Atanasio Girardot, conocido popularmente como Tienditas.
El operativo conjunto en Cúcuta y los motivos de las sanciones administrativas
Al especificar los detalles del procedimiento en los pasos limítrofes, la entidad migratoria comunicó que ejecutó la medida en estrecha alianza operativa con las patrullas de la Policía Nacional.
En tal sentido, los investigadores verificaron previamente que los 12 individuos registraban un abultado historial de multas y sanciones por perturbar la tranquilidad ciudadana en diversas urbes del territorio colombiano.
A este respecto, el organismo recordó que entre las faltas habituales que motivan estos fallos destacan el porte ilegal de armas blancas o de fuego, el consumo indebido de estupefacientes en espacios públicos y las reiteradas riñas callejeras.
Aunado a esto, las dependencias gubernamentales optaron por mantener bajo reserva las identidades particulares y los expedientes individuales de cada uno de los implicados.
Dicha intervención reafirma el cerco institucional contra quienes incurren en comportamientos antisociales, impidiendo que los infractores continúen transitando libremente sin asumir las consecuencias de sus actos.
Las expulsiones masivas en Tienditas y el balance de Abelardo de la Espriella
Los operativos previos de la semana y las órdenes de captura
Por otra parte, la expulsión de este contingente representó el tercer procedimiento de gran envergadura que ejecutan las autoridades por el mismo paso internacional en lapsos sumamente cortos.
El pasado miércoles 4 de noviembre los cuerpos de seguridad deportaron a un grupo de 32 ciudadanos extranjeros que sumaban la alarmante cifra de más de 600 medidas correctivas en los registros policiales.
En consecuencia, el despacho gubernamental redobló los traslados y el pasado viernes formalizó la entrega de otras 80 personas que remitieron en vuelos especiales desde la capital, Bogotá.
Dicho operativo del viernes desencadenó la detención inmediata de diez de esos ciudadanos al pisar suelo venezolano, luego de que los funcionarios de la guardia fronteriza confirmaran que mantenían órdenes judiciales pendientes ante los tribunales penales.
De igual manera, estas acciones operativas plasman sobre el terreno la doctrina migratoria y de defensa que abandera el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el solio presidencial en agosto prometiendo expulsar sin dilaciones a los extranjeros que infrinjan la ley.
Las cifras de la Casa de Nariño y la aclaratoria de las autoridades de Cúcuta
Por añadidura, los balances oficiales de la Presidencia de Colombia revelan que los cuerpos del orden deportaron o expulsaron al menos a 812 ciudadanos foráneos entre el 7 de agosto y el 29 de octubre del año en curso.
La celeridad de estas expulsiones confirma la rigidez del plan de choque que adelanta la Casa de Nariño para recuperar el principio de autoridad en los departamentos fronterizos.
En tal contexto, los portavoces gubernamentales en la ciudad de Cúcuta salieron al paso de los temores colectivos y formularon una puntual aclaratoria sobre los criterios del plan.
Las autoridades nortesantandereanas recalcaron que las medidas van dirigidas exclusivamente contra aquellos individuos que incurren en faltas graves o delitos consumados, dejando totalmente a salvo a los migrantes que conservan su estatus regular y trabajan honestamente en el país.
Por otro lado, los organismos defensores de derechos humanos monitorean los puntos de control fronterizo para corroborar que los tribunales administrativos respeten las garantías procesales básicas durante cada desalojo territorial.
Con información de Alertas 24
