Una investigación revela que Colombia entregó coordenadas al Comando Sur de Estados Unidos para bombardear un campamento del ELN en Apure. Una profunda investigación difundida por la revista Cambio reveló este lunes 9 de noviembre de 2026 que la Policía colombiana suministró al Comando Sur de Estados Unidos las coordenadas geográficas exactas que permitieron bombardear un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure.
El letal ataque aéreo, perpetrado el pasado 30 de octubre en las inmediaciones de la vereda Buena Vista del Meta a pocos kilómetros de la línea fronteriza, abrió un encendido debate sobre la soberanía territorial y la intervención directa de potencias extranjeras.
La entrega de coordenadas, los drones de Washington y la reunión con el cartel de Sinaloa
Al consultar a fuentes confidenciales del aparato de inteligencia en Bogotá, el semanario constató que la institución policial del vecino país asumió una participación activa y determinante para ubicar el enclave guerrillero en territorio venezolano.
En tal sentido, las autoridades estadounidenses facilitaron aeronaves no tripuladas para fijar el blanco con extrema precisión, aunque la investigación periodística omitió detallar la identidad de los pilotos militares a cargo de los mandos tácticos.
A este respecto, las pesquisas sacaron a la luz que la cúpula del Comando Central (Coce) del ELN sostenía una reunión de alto nivel con emisarios del cartel mexicano de Sinaloa en el preciso instante en que cayeron los explosivos.
Aunado a esto, los cabecillas y los narcotraficantes extranjeros planificaban nuevas rutas de exportación de cocaína y coordinaban respuestas comerciales tras el decomiso previo de 10 toneladas de coltán que las tropas colombianas incautaron en el departamento de Vichada por un valor de 16.000 millones de pesos.
Dicha convergencia criminal encendió las alertas estratégicas de Washington, acelerando los planes conjuntos entre la administración de Donald Trump y el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
Asimismo, ambas naciones fortalecen un pacto bilateral de seguridad para perseguir sin contemplaciones a las redes del narcotráfico y a las guerrillas que operan en las zonas limítrofes.
Las discrepancias en el saldo de fallecidos y la disputa por el coltán estratégico
La denuncia de Fundaredes y las estimaciones del Ejército colombiano
Por otra parte, los primeros informes de campo presentados por la organización no gubernamental venezolana Fundaredes cifraron el balance inicial en al menos 23 personas muertas dentro de las instalaciones campamentarias.
La entidad civil precisó que entre las víctimas fatales figuran tanto combatientes en armas del ELN como acompañantes y núcleos familiares que pernoctaban en el sector.
En consecuencia, el portavoz principal de Fundaredes, Juan Francisco García, descartó cualquier intervención de los cuerpos de seguridad de Venezuela en el teatro de los acontecimientos y sentenció con crudeza la realidad del operativo: «Aquí básicamente se metieron los gringos».
Dicho testimonio contrasta con las valoraciones internas que maneja el Ejército de Colombia, cuyos mandos castrenses estiman que el número de bajas mortales ascendería a 45 fallecidos a una semana de consumado el bombardeo.
De igual manera, los servicios de rastreo señalaron que el campamento operaba junto a una pista de aterrizaje clandestina destinada al embarque masivo de cargamentos de alcaloides y cargamentos minerales extraídos de forma ilícita.
Las incautaciones en Vichada y el pacto de minerales críticos de Marco Rubio
Por añadidura, la Octava División del Ejército colombiano certificó la incautación de aproximadamente 70 toneladas de coltán en corredores fluviales y terrestres durante los cuatro meses previos al bombardeo en la frontera oriental.
Las mafias armadas comercializan este codiciado insumo en los circuitos clandestinos del mercado global a cotizaciones que alcanzan los 350 dólares por cada kilogramo.
En tal contexto, el interés de los departamentos de defensa estadounidenses responde a la firma de un memorando de entendimiento que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pactó en septiembre con el canciller colombiano, Omar Bula.
Dicho instrumento legal busca blindar y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, impulsando a Colombia a sumar yacimientos de litio a su catálogo de recursos estratégicos protegidos.
Por otro lado, los antecedentes demuestran que Washington también posó sus ojos sobre los yacimientos de Venezuela, registrando reuniones bilaterales en marzo para evaluar el potencial minero de la cuenca amazónica.
Con información de Versión Final
