Valencia, 6 de octubre de 2026-. Más de 5 mil venezolanos en Estados Unidos quedaron de nuevo en el limbo luego de que el 2 de octubre venciera la última extensión del TPS.
La medida se produjo después de que la Corte Suprema anulara una decisión judicial previa que había permitido conservar temporalmente determinadas protecciones. El máximo tribunal devolvió el caso a una instancia inferior para que vuelva a analizarlo bajo el criterio establecido en su decisión.
El vencimiento afecta a un grupo reducido frente al universo de venezolanos que perdieron el TPS durante la segunda administración de Donald Trump. Según Pew Research Center, los venezolanos representan el 59% de quienes perdieron esta protección, con más de 615.000 personas afectadas.
¿Qué pasa con los venezolanos que pierden el TPS?
El principal interrogante recae sobre quienes ya no cuentan con el TPS para venezolanos y tampoco disponen de otro mecanismo migratorio que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos.
La protección temporal y la autorización de empleo son beneficios relacionados, pero jurídicamente distintos. Por ello, algunos beneficiarios pudieron conservar durante un período sus permisos laborales debido a decisiones judiciales, sin que eso significara necesariamente que el TPS continuara vigente.
La situación es diferente para quienes lograron acogerse a otra vía migratoria. Entre ellos están algunos venezolanos con solicitudes de asilo pendientes que posteriormente obtuvieron permisos de trabajo vinculados a esos procesos.
En esos casos, pueden continuar trabajando mientras sus autorizaciones laborales permanezcan vigentes, según explicó Adélis Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus, en una entrevista con César Miguel Rondón.
Pew Research Center señala que la administración Trump ha puesto fin o avanzado en la terminación del TPS para 11 países. En el caso venezolano, las designaciones de 2021 y 2023 sumaban más de 600.000 beneficiarios antes de las terminaciones.
Más de medio millón de venezolanos siguen en incertidumbre
Ferro estima que más de 500.000 venezolanos permanecen actualmente en Estados Unidos en medio de un escenario migratorio marcado por la eliminación progresiva de distintas protecciones.
La dirigente también afirmó que alrededor de 35.000 venezolanos han sido deportados en vuelos desde Estados Unidos y que otros han abandonado el país por sus propios medios.
Según su valoración, una parte importante de la comunidad permanece en un escenario de incertidumbre porque no dispone de una alternativa migratoria definida.
«Sin duda estamos seguros de que hay más de medio millón de venezolanos todavía en un limbo migratorio aquí en los Estados Unidos», sostuvo Ferro.
La activista también cuestionó que muchos venezolanos no tengan, a su juicio, una representación política o institucional suficiente para defender sus intereses ante las autoridades estadounidenses.
«Lamentablemente no tenemos a nadie en ninguna parte hablando por nosotros», afirmó.
La comunidad enfrenta dos escenarios
Ferro sostuvo que la preocupación migratoria no implica abandonar las demandas políticas de los venezolanos sobre la situación de su país.
La dirigente señaló que muchos continúan respaldando una transición política en Venezuela, pero consideran que regresar todavía no es una opción segura, especialmente en los casos de personas que aseguran haber sufrido persecución o amenazas.
«Muchas personas todavía no se sienten seguras regresando a Venezuela por diferentes razones», explicó.
La presidenta del Venezuelan American Caucus también mencionó a venezolanos con solicitudes de asilo pendientes y otros casos en los que, según afirmó, existen circunstancias que dificultan un retorno.
El resultado, según su descripción, es una comunidad atrapada entre dos realidades: la incertidumbre provocada por el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y el temor de quienes consideran que todavía enfrentan riesgos si regresan a Venezuela.
Mientras tanto, el proceso judicial sobre el TPS para venezolanos continuará en tribunales inferiores después de la intervención de la Corte Suprema. El nuevo análisis deberá tomar en cuenta el criterio establecido por el máximo tribunal.
