Valencia, 2 de octubre de 2026-. Inmigrantes venezolanos pierden permisos de trabajo tras fin del TPS en Estados Unidos y quedan a la deriva al no tener un «plan B».
Un grupo reducido de venezolanos que aún conservaba permisos de trabajo vigentes a través del Estatus de Protección Temporal (TPS) perdió oficialmente este beneficio el 2 de octubre de 2026. Aunque los expertos calculan que los afectados directos en esta última fase rondan los 5.000 beneficiarios, la medida impacta a una comunidad que lleva meses enfrentando un clima de profunda incertidumbre legal tras la cancelación general del programa que amparaba a más de 600.000 ciudadanos.
Casos como el de Martina López —nombre ficticio para proteger su identidad— reflejan el dilema de quienes llegaron al noreste de Estados Unidos huyendo de persecuciones políticas hace más de una década.
Pese a mantener solicitudes de asilo pendientes y haber cumplido con los trámites migratorios, la pérdida de esta protección los deja expuestos a procesos de detención y a la interrupción de sus actividades laborales formales, a pesar de contar con expedientes en curso.
Inmigrantes venezolanos pierden permisos de trabajo tras fin del TPS en Estados Unidos y quedan a la deriva al no tener un «plan B»
Organizaciones como el Venezolano American Caucus han cuestionado duramente la negativa gubernamental de renovar o reasignar el TPS, argumentando que las condiciones estructurales de Venezuela no han mejorado.
Si bien sectores oficiales defienden cambios políticos recientes en el país sudamericano, las organizaciones civiles recalcan que la crisis se mantiene agravada por severas fallas en servicios básicos, problemas económicos y el impacto de los sismos registrados a mediados de año.
Frente a este panorama, abogados expertos en inmigración recomiendan a los afectados evaluar vías alternas de regularización y conocer sus derechos ante posibles intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Especialistas en la materia aconsejan evitar la firma de salidas voluntarias y canalizar las defensas legales a través de fianzas y procesos de asilo vigentes, mientras miles de familias evalúan opciones para sostener su permanencia legal en territorio estadounidense
