La crisis humanitaria en las zonas rurales del país vecino ha alcanzado cifras alarmantes según los organismos internacionales. De acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, más de 170.000 personas se encuentran atrapadas en sus comunidades debido a los enfrentamientos armados. Esta situación impide que los campesinos y grupos indígenas realicen sus actividades económicas diarias con normalidad.
Debido al control territorial de las bandas armadas, más de 170.000 personas sufren restricciones severas a la movilidad y al acceso de alimentos. Por lo tanto, las organizaciones de derechos humanos han solicitado la apertura urgente de corredores humanitarios en los departamentos más afectados. En este sentido, la Defensoría del Pueblo advierte que el confinamiento forzado está generando una escasez de medicinas en el Chocó y Nariño.
Además, los grupos al margen de la ley utilizan campos minados para evitar el avance de las fuerzas de seguridad estatales. Los analistas sugieren que esta estrategia busca consolidar rutas de narcotráfico y minería ilegal en las zonas fronterizas. Sin embargo, el Gobierno nacional ha prometido incrementar la presencia militar para retomar el orden en los territorios que permanecen aislados.
Finalmente, la comunidad internacional observa con preocupación el impacto psicológico de estas restricciones en la población civil. Se espera que en las próximas semanas se active un plan de atención integral para las familias que han perdido su sustento económico. En consecuencia, la paz total propuesta por el Ejecutivo enfrenta un desafío crítico ante la persistencia de estas estructuras de violencia.
Con información de: Alberto News
