Cecodap alerta sobre la intoxicación de 50 estudiantes en Trujillo y repudia que el alcalde José Reyes tilde el hecho de «saboteo» e incite a hacer justicia. El coordinador general de la organización Cecodap, Carlos Trapani, alertó este viernes 9 de octubre de 2026 sobre la delicada situación que atraviesa Valera, en el estado Trujillo, donde la Defensoría del Pueblo supervisa el cuadro clínico de aproximadamente 50 estudiantes luego de una presunta intoxicación masiva en dos instituciones educativas.
El suceso desató profunda preocupación social debido a las carencias de material médico quirúrgico en los recintos hospitalarios locales y por la inquietante repetición de cuadros similares en la región.
El panorama empeoró tras las declaraciones públicas del alcalde del municipio Andrés Bello, José Reyes, quien catalogó el hecho como una maniobra de «sabotaje» y llamó a los pobladores a tomar la justicia por cuenta propia.
Rechazo a discursos oficiales, llamado a la sensatez y demanda de auxilio clínico
El vocero de Cecodap cuestionó frontalmente el intento de desviar la emergencia hacia el terreno de la confrontación partidista.
Trapani remarcó que las instituciones del poder público deben concentrarse en salvar vidas antes de emitir hipótesis acusatorias sin respaldo técnico.
- La organización de derechos de la infancia instó a las autoridades a mostrar empatía inmediata hacia las víctimas y sus familiares.
- El jurista demandó una investigación científica, objetiva e imparcial para dar con la causa química o biológica del envenenamiento.
- El representante institucional reprochó la ligereza con la que el mandatario municipal desestimó la gravedad del cuadro médico de los menores.
- Los defensores de derechos humanos exigen que los centros de salud reciban dotación urgente de fármacos, sueros y antídotos.
En tal sentido, el especialista recalcó que cualquier gobernante debe guardar mesura y respeto frente a la angustia de los padres y representantes.
«La primera medida de cualquier autoridad pública tiene que ser solidarizarse con las víctimas y hacer una investigación objetiva e imparcial».
A este respecto, distintos médicos de la entidad andina recordaron que las salas de emergencia carecen de reactivos básicos para realizar exámenes toxicológicos de urgencia.
Aunado a esto, las asociaciones civiles manifestaron su alarma ante la proliferación de eventos tóxicos en planteles educativos durante los últimos meses sin que los ministerios presenten diagnósticos claros.
Asimismo, los educadores de los planteles afectados suspendieron preventivamente las actividades académicas para permitir el saneamiento de las instalaciones.
Cuestionamientos a la incitación comunitaria y rol de la Defensoría
Los peligros de alentar la violencia colectiva
Por otra parte, el abogado advirtió sobre el tremendo riesgo social que acarrean las proclamas imprudentes emitidas desde cargos de representación popular.
El directivo de Cecodap fustigó la orden emanada desde la alcaldía de Andrés Bello que invitaba a la comunidad a buscar a los supuestos culpables por sus propios medios.
«Mal puede una autoridad decir que la gente haga justicia. ¿Qué significa hacer justicia en un contexto de violencia que tenemos en el país?».
En consecuencia, el jurista advirtió que esas palabras colocan en grave peligro la integridad física de terceros y abren la puerta a linchamientos descontrolados.
De igual manera, el dirigente gremial insistió en que el Estado tiene el monopolio de las leyes y no puede transferir sus responsabilidades investigativas a masas exaltadas.
Exigencia de protocolos preventivos y apoyo familiar
Por añadidura, el avance de las pesquisas técnicas demanda una articulación coordinada entre los cuerpos de seguridad y las dependencias de salud.
La Defensoría del Pueblo mantiene delegados en los hospitales trujillanos para supervisar la atención terapéutica de los alumnos y seguir las averiguaciones de origen.
Los colectivos pro derechos humanos exhortan a los organismos públicos a concentrar todo su empeño en brindar atención médica especializada y auxilio psicológico integral a las familias afectadas.
Por otro lado, los expertos en salud escolar reclaman el establecimiento formal de protocolos de bioseguridad en comedores y aulas para impedir nuevos episodios de contaminación.
De modo que la combinación de 50 alumnos intoxicados, hospitales desprovistos de insumos y declaraciones incendiarias genera un clima de enorme preocupación en el estado Trujillo.
Con información de Mundo UR
