EFE– Caracas, 16 de julio de 2024-. Al menos 156.000 inmigrantes cuyo delito penal más grave fue el uso o posesión de drogas fueron deportados entre 2002 y 2020, un crimen que en “muchos casos” ya no existe bajo las leyes de decenas de estados, según un estudio de Human Rights Watch y Drug Policy Alliance.
El informe de 91 páginas, ‘Disrupt and Vilify’ halló que entre los 156.000 deportados unos 47.000 inmigrantes fueron expulsados del país por uso o posesión de marihuana a pesar de que el uso de esta droga ha sido legalizada o despenalizada en la mayoría de estados.
El estudio busca demostrar que la falta de una reforma de la ley de inmigración “ha resultado en enormes cantidades de deportaciones” y división de familias por incidentes que ya no son considerados delitos, como por ejemplo algunos tipos de consumo de marihuana.
“La combinación exclusivamente estadounidense de la guerra contra las drogas y la maquinaria de deportación van de la mano para atacar, excluir y castigar a los no ciudadanos por delitos menores (o en algunos estados por actividades legales), como la posesión de marihuana”, dijo en un comunicado Maritza Pérez Medina, directora de asuntos federales en Drug Policy Alliance.
La directiva agregó que “es imperativo” que se revise la ley federal para que coincida con las actuales reformas de los estados en materia de políticas de drogas “para poner fin y prevenir el inmenso sufrimiento humano que se inflige en nombre de la guerra contra las drogas”.
En general, medio millón de inmigrantes que fueron deportados con el delito más grave de tráfico de drogas fueron deportadas entre 2002 y 2020, según encontró el estudio, casi la mitad (240.000) fueron expulsadas entre 2013 y 2020, lo que representa aproximadamente una de cada cinco deportaciones de inmigrantes con una condena penal durante este período.
En ese sentido, Vicki Gaubeca, directora asociada de inmigración y política fronteriza de Human Rights Watch en EE.UU, indicó que «si la conducta relacionada con las drogas no es un delito según la ley estatal, no debería hacer que alguien sea deportable».
El informe se centró en las deportaciones de estados con grandes poblaciones de inmigrantes que han avanzado en reformas de políticas de drogas, incluidos California, Illinois, Nueva York y Texas.
