La ONU halla indicios de crímenes de guerra cometidos por EEUU en bombardeos a escuelas y acusa a Irán de delitos de lesa humanidad. A través de su primer informe oficial presentado este jueves 17 de septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Irán determinó que existen «motivos razonables» para sostener que las fuerzas armadas de Estados Unidos perpetraron crímenes de guerra durante dos incursiones aéreas ejecutadas al inicio del conflicto.
Al mismo tiempo, el panel de expertos acusó al régimen de Teherán de cometer crímenes de lesa humanidad debido a la feroz represión armada que desplegó contra las protestas ciudadanas previas a la conflagración bélica.
Bombardeos estadounidenses sobre Minab y Lamerd bajo la lupa
El documento de 18 páginas detalla la ofensiva inicial que las tropas norteamericanas lanzaron el pasado 28 de febrero en el sur de la geografía iraní.
Los investigadores responsabilizan a los mandos estadounidenses por golpear deliberadamente un recinto escolar en la localidad de Minab, causando la muerte de más de 150 civiles, entre ellos unos 120 menores de edad.
En torno a este suceso, el comité subrayó que el ejército norteamericano incurrió en una falta gravísima:
«Cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil».
Asimismo, el informe puntualiza que las fuerzas de Washington procedieron de forma deliberada y «siendo conscientes de que existía un riesgo considerable de alcanzar un interés de carácter civil, actuando con imprudencia temeraria».
De igual forma, la comisión identificó un patrón análogo en el bombardeo contra una zona densamente poblada en Lamerd, donde un misil causó al menos 22 víctimas fatales tras destrozar un centro deportivo, una escuela primaria contigua y varios edificios residenciales.
En ese operativo específico, las tropas emplearon un proyectil PrSM que diseminó cerca de 180.000 esquirlas de tungsteno sobre un radio extenso.
En tal sentido, los peritos recalcaron que el proyectil:
«Dadas las circunstancias imperantes, no podía dirigirse contra un objetivo militar específico ni podía limitar sus efectos sobre civiles, como exige el derecho internacional humanitario».
La represión sistemática del régimen persa contra la población
Masacre de manifestantes y asalto a centros asistenciales
Por otra parte, la misión concluyó que el aparato de seguridad estatal iraní ejecutó crímenes de lesa humanidad consistentes en asesinatos, privaciones ilegítimas de libertad, tormentos físicos y otros tratos inhumanos contra ciudadanos desarmados.
En consecuencia, durante las manifestaciones de finales de 2025 e inicios de 2026, los cuerpos policiales y paramilitares dispararon munición letal contra manifestantes pacíficos y transeúntes ocasionales, segando la vida de al menos 221 niños.
Persecución hospitalaria y ejecuciones sumarias
Aunado a esto, las tropas gubernamentales invadieron instalaciones de salud para agredir físicamente a médicos, pacientes y familiares, ejecutando arrestos arbitrarios y bloqueando tratamientos médicos urgentes a manifestantes heridos.
Respecto al saldo luctuoso de las protestas, el propio gobierno de Irán admitió 3.117 decesos durante las jornadas del 8 y 9 de enero, aunque organizaciones independientes como la agencia HRANA contabilizan más de 7.000 fallecidos.
Paralelamente, los tribunales de Teherán aceleraron la aplicación de la pena de muerte, ejecutando en la horca a por lo menos 29 hombres entre marzo y agosto por participar en las marchas, mientras otras 70 personas esperan sentencia capital.
Por ende, los expertos de la ONU concluyeron que la ciudadanía iraní permanece atrapada entre la tiranía de su propia administración y los bombardeos lanzados por la coalición entre Estados Unidos e Israel.
Con información de EFE
