Valencia, 4 de noviembre de 2026-. La Asamblea Nacional aprobó en primer debate la reforma de la ley contra el odio.
El proyecto, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también contempla sanciones administrativas para quienes difundan mensajes considerados de odio, incluso a través de redes sociales.
La propuesta fue presentada este martes por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante. Además de eliminar las condenas de cárcel, establece procedimientos administrativos para aplicar la norma y modifica su denominación, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.
El texto también prevé sanciones y exhortaciones dirigidas a los medios de comunicación, pero elimina la posibilidad de revocarles las concesiones.
La iniciativa recibió el rechazo de varias bancadas opositoras, que consideran que la norma debe derogarse y no reformarse. La diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, sostuvo que la legislación ha servido para perseguir a la disidencia.
«Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia», afirmó. También cuestionó que los artículos de la reforma no se hubieran presentado y advirtió que las sanciones administrativas quedarían en manos del Ministerio de Interior, institución a la que acusó de acumular denuncias por violaciones de derechos humanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la modificación y aseguró que el chavismo busca evitar que la legislación se utilice para «la persecución de nadie». También argumentó que Venezuela necesita una ley de convivencia y mencionó el riesgo de una guerra civil.
La Asamblea Nacional aprobó en primer debate la reforma de la ley contra el odio
La actual Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, después de meses de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que dejaron más de 100 muertos.
Delcy Rodríguez presidía entonces la Constituyente y defendió la aprobación de la norma, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por delitos de odio.
Las cifras de organizaciones civiles reflejan el alcance de su aplicación. Según datos difundidos a finales de septiembre por Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017.
Por su parte, IPYS Venezuela documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025. De ese total, 65 estuvieron relacionados con esta legislación.
El coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que 118 adolescentes fueron imputados por esta norma entre 2024 y 2025.
La propia presidenta encargada reconoció el 29 de septiembre que la ley «fue mal aplicada» y que «se hizo un uso abusivo de esa ley»
. Jorge Rodríguez también había admitido en febrero un uso inadecuado de la legislación y planteado la posibilidad de reformarla.
Oposición y organizaciones internacionales piden derogarla
La reforma comenzó a tramitarse después de que Delcy Rodríguez solicitara al Parlamento modificar la norma el 29 de septiembre. Ese mismo día se creó una comisión especial de 11 diputados, presidida por Pedro Infante, que quedó instalada el 5 de octubre.
A mediados de ese mes, el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional al proyecto, que ahora deberá pasar por una consulta pública antes de regresar al pleno legislativo.
La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, sostuvo a finales de septiembre que la ley «debe ser derogada, no reformada».
Human Rights Watch también recomendó eliminarla tras su primera visita a Venezuela en casi 20 años. En la misma línea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas han advertido sobre los riesgos de censura que mantiene la legislación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideraron insuficiente una reforma parcial. Además, solicitaron publicar el texto completo y abrir espacios de participación para periodistas y otros sectores.
El debate se desarrolla en medio de los cambios políticos posteriores a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, el 3 de enero. Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada y su Gobierno ha mantenido conversaciones con Washington, además de impulsar excarcelaciones de presos políticos y permitir el regreso de algunos exiliados.
La oposición y el Gobierno también mantienen conversaciones con respaldo estadounidense. La ley contra el odio figuró entre los asuntos abordados durante la tercera ronda de contactos.
