Juez bloquea el plan del Gobierno colombiano para fumigar aéreas con un polémico químico y frena el retorno de las avionetas antinarcóticos. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, frenó en seco este viernes 11 de septiembre de 2026 el controvertido plan experimental del Gobierno colombiano que buscaba reactivar las fumigaciones aéreas contra plantaciones ilícitas de coca en el sur del país, una práctica que la justicia mantenía congelada desde 2017 por severos cuestionamientos sanitarios.
Por lo tanto, el despacho judicial otorgó una medida cautelar tras admitir una acción de tutela que presentó un ciudadano de la región, ordenando al Ejecutivo y a los mandos policiales suspender de forma inmediata cualquier sobrevuelo o descarga química en todo el territorio putumayense.
Ante este escenario, la resolución paraliza las pruebas con glufosinato de amonio —un compuesto agroquímico que la Unión Europea veta en sus campos y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como «moderadamente peligroso»—, asestando un duro golpe a la estrategia gubernamental para contener el avance de los narcocultivos.
Orden judicial en Puerto Asís, riesgo del químico y alcance del experimento
En primer lugar, el magistrado resolvió proteger los derechos fundamentales de las comunidades rurales al dictaminar la suspensión perentoria de «cualquier actividad de aspersión aérea dentro del departamento del Putumayo», impidiendo que los pilotos encendieran los aspersores sobre la selva.
En este sentido, la decisión judicial desmonta la logística que el Ministerio de Defensa y las agencias de seguridad alistaban para intervenir en la zona fronteriza.
El plan estatal contemplaba una fase experimental estricta mediante avionetas tripuladas para fumigar hasta 1.000 hectáreas en un periodo continuo de siete días, buscando evaluar sobre el terreno el impacto del glufosinato de amonio, una sustancia que despierta temores entre los agricultores debido a su toxicidad comprobada.
Asimismo, los voceros del Consejo Nacional de Estupefacientes explicaron que la iniciativa no pretendía masificar de inmediato los vuelos sobre el país, sino recabar datos científicos rigurosos sobre la efectividad del producto, la precisión de las descargas en el follaje, la deriva que causan las corrientes de viento y los daños colaterales que este químico genera en las fuentes de agua y la salud de los pobladores.
El veto legal desde 2017, sustitución manual y tensiones en el campo
De las decisiones de Santos al fallo histórico de la Corte
Por su parte, Colombia utilizó la fumigación aérea como punta de lanza contra el narcotráfico durante décadas, hasta que en 2015 la administración del expresidente Juan Manuel Santos apagó los motores de las aeronaves que esparcían glifosato tras encenderse las alertas médicas.
Al respecto, la Corte Constitucional emitió una sentencia definitiva en 2017 que clausuró los sobrevuelos en todo el territorio nacional, luego de confirmar los graves perjuicios que el químico provocaba en las familias campesinas y los ecosistemas amazónicos.
Fracasos de la sustitución y presión por resultados
Al respecto, desde la prohibición de las aspersiones, los distintos gobiernos apostaron casi exclusivamente por brigadas de erradicación manual en tierra y programas de sustitución voluntaria, mecanismos que no lograron frenar el crecimiento acelerado de los sembradíos de hoja de coca. Por ende, los sectores de defensa mantuvieron viva la intención de subir de nuevo a los pilotos para asperjar químicos más modernos, topándose una vez más con la resistencia de los tribunales regionales y las organizaciones agrarias.
Con información de EFE
