Jorge Rodríguez defiende la reforma de la Ley Eléctrica aprobada por la Asamblea Nacional para permitir la venta privada de energía y confirma tarifas indexadas con subsidios focalizados. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, respaldó formalmente la reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico este miércoles 11 de noviembre de 2026.
El alto vocero legislativo descartó tajantemente que el texto sancionado configure un proceso de privatización de los activos del Estado, confirmando de manera categórica que las facturas del servicio incorporarán una fórmula de cobro indexada a la moneda de mayor valor que circule en la economía nacional.
El esquema de tarifas indexadas y la venta de megavatios a grandes usuarios
Al explicar los mecanismos financieros que regirán la facturación comercial y residencial a partir de la entrada en vigor de la norma, el diputado disipó dudas sobre el cálculo de las tarifas.
En tal sentido, Rodríguez validó la aplicación del ajuste cambiario frente a los medios de comunicación: «Sí, van a estar indexadas a la moneda de mayor valor».
A este respecto, el titular del Legislativo puntualizó que el instrumento jurídico incluye un régimen de subsidios solidarios para proteger a los ciudadanos que, por sus niveles de ingresos económicos, no logren costear la tarifa completa.
Aunado a esto, el marco regulatorio abre formalmente la prestación de las labores eléctricas a operadores independientes, permitiendo que un inversor particular instale infraestructura de generación y venda ese flujo a fábricas, conglomerados industriales y centros comerciales bajo tarifas prefijadas.
Dicha orientación mercantil persigue elevar con prontitud la oferta energética disponible para los grandes consumidores, evitando que los altos requerimientos del comercio comprometan las redes residenciales.
Asimismo, la legislación crea una superintendencia especializada con facultades plenas para fiscalizar las tarifas, regular la autogeneración y vigilar estrictamente las operaciones de las compañías privadas.
La titularidad de los bienes públicos y la crisis energética en las provincias
La custodia del sistema estatal y el paso a Miraflores
Por otra parte, Jorge Rodríguez insistió en que el Estado venezolano retiene la propiedad integral de la infraestructura eléctrica preexistente sin transferir activos estratégicos a manos privadas.
En esa misma línea, el dirigente parlamentario rechazó las críticas sobre una supuesta entrega patrimonial: «La ley no promueve, en modo alguno, la privatización del sistema eléctrico nacional».
En consecuencia, el parlamentario argumentó que la ley simplemente incorpora el músculo financiero de empresas mixtas y particulares para descongestionar el consumo, manteniendo la tutela pública para garantizar el servicio a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Dicho proyecto legislativo, impulsado directamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, superó consultas previas con delegaciones sindicales del sector eléctrico, usuarios y potenciales inversores nacionales e internacionales.
De igual manera, la directiva del Parlamento alista el envío formal del expediente hacia el Palacio de Miraflores para que el Ejecutivo concrete su promulgación en Gaceta Oficial.
El sismo de junio, los racionamientos y la línea Cabudare-Yaritagua
Por añadidura, el presidente de la Asamblea Nacional reconoció la severidad de las fallas que afectan a las comunidades del interior del país, recordando las declaraciones que ofreció recientemente en el estado Yaracuy sobre el «tremendo problema eléctrico» que sufre la nación.
El legislador achacó la agudización de los cortes al terremoto registrado el pasado 24 de junio, fenómeno telúrico que desarticuló unos 800 megavatios de la capacidad de generación en el territorio nacional.
En tal contexto, los estados de provincia experimentan severos esquemas de racionamiento que dejan a las familias a oscuras durante periodos continuos de entre 6 y 12 horas diarias.
Por otro lado, el vocero anunció la firma de un contrato de ingeniería para levantar una segunda línea de interconexión entre Cabudare y Yaritagua, asegurando que la flamante ley acelerará la llegada de suministradores privados al eje industrial yaracuyano.
Con información de Alertas 24
