JEP de Colombia revoca la libertad condicional al exguerrillero alias «Yako» mientras la Fiscalía lo cerca como presunto coordinador logístico en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó formalmente la libertad condicional concedida al exintegrante de las extintas FARC, Kendry Téllez Álvarez, ciudadano al que la Fiscalía General indaga paralelamente por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La Sala de Amnistía o Indulto tomó la determinación este martes 27 de octubre mediante un fallo donde certificó que el antiguo insurgente, conocido con el alias de Yako en las filas guerrilleras, quebrantó los compromisos adquiridos tras evadir a las autoridades y no reportar su localización actual.
Dicho dictamen judicial repercute de forma directa en los círculos políticos del continente y capta la atención de analistas en el estado Zulia y toda Venezuela este miércoles 28 de octubre de 2026, pues involucra la seguridad institucional del vecino país.
El incumplimiento procesal y la anulación del beneficio de paz
Los magistrados de la Sala de Amnistía determinaron que Téllez Álvarez desatendió las exigencias de comparecencia obligatoria fijadas dentro de los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz suscrito en 2016.
La JEP solicitó a un juzgado ordinario de la capital bogotana tramitar de inmediato la revocatoria efectiva de dicho beneficio restaurativo para que el procesado asuma el castigo correspondiente.
Dicha medida dejó abierta la facultad legal de los juzgados de instrucción ordinaria para librar nuevos mandatos de aprehensión y reactivar de manera plena la persecución penal en su contra.
El tribunal transicional había concedido la libertad condicional al procesado en relación con una condena previa por secuestro extorsivo agravado que cometió durante sus años de militancia en la guerrilla.
En tal sentido, la resolución del organismo especial coincide temporalmente con las pesquisas que adelanta el Ministerio Público en torno al ataque perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá contra el legislador de 39 años.
A este respecto, las pesquisas ubican al fugitivo con una orden judicial de aprehensión vigente al señalarlo como «presunto articulador de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado» que segó la vida del dirigente político.
Aunado a esto, las autoridades policiales de la nación vecina vigilan terminales terrestres y pasos fronterizos para impedir que el indiciado cruce hacia otros países.
Asimismo, diversos observadores jurídicos señalan que la revocatoria sienta un precedente categórico para aquellos firmantes que pretendan evadir los requerimientos formales de la justicia transicional.
Las dudas sobre disidencias armadas y el avance de las pesquisas
Los indicios de criminalidad y las precisiones de la Sala
Por otra parte, los jueces de la jurisdicción especial aclararon el alcance institucional de sus competencias frente al crimen del aspirante comicial.
La instancia transicional puntualizó que la responsabilidad penal de alias Yako en el homicidio del dirigente reposa exclusivamente bajo la competencia técnica de la fiscalía ordinaria.
La Sala acotó que los informes recopilados hasta la fecha no arrojan suficientes certezas jurídicas para asegurar de forma concluyente que el sujeto formalizó su reingreso orgánico a las filas de un grupo irregular en armas.
No obstante, el cuerpo colegiado advirtió que su ausencia prolongada ante los estrados y las sospechas de vínculos con redes delictivas activas terminan anulando las garantías de indulto.
En consecuencia, el exguerrillero pierde todo escudo procesal dentro del marco de justicia de paz y deberá responder de forma directa ante los juzgados de circuito ordinario.
De igual manera, los abogados de las víctimas exigen máxima celeridad a los cuerpos de seguridad del Estado para materializar el encarcelamiento del investigado.
La reconstrucción del atentado y las condenas judiciales
Por añadidura, el expediente penal del magnicidio de Miguel Uribe Turbay exhibe un voluminoso acervo probatorio que recopilaron los fiscales asignados al caso.
Un sicario hirió al senador con dos disparos en el cráneo durante un mitin político que encabezaba en el sector bogotano de Modelia para impulsar su aspiración a la Presidencia de Colombia.
El congresista luchó durante más de dos meses por sobrevivir en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde finalmente falleció el 11 de agosto a raíz de las severas secuelas del ataque con armas de fuego.
Hasta el momento, los cuerpos policiales capturaron a nueve personas vinculadas directamente con la trama criminal, logrando que los tribunales condenen a cuatro de los implicados.
Dicho grupo de sentenciados incluye formalmente al menor de edad que disparó el arma homicida contra el líder político en plena vía pública.
Por otro lado, los investigadores examinan el flujo de comunicaciones telefónicas para determinar quiénes aportaron el dinero y contrataron la estructura sicarial que perpetró el crimen.
De modo que la revocatoria de la libertad condicional dictada por la JEP, la fuga de alias Yako, la tesis sobre la Segunda Marquetalia y las condenas ya emitidas por el asesinato de Uribe Turbay marcan la pauta judicial en el país vecino.
Con información de EFE
