Alertas 24 – Caracas, 23 de septiembre de 2023. Héctor Barraza, juez de Garantía de Arica, tiene el faro del sistema judicial chileno luego de ordenar suministrar, a pedido de la defensa, los datos de 56 testigos protegidos y agentes encubiertos de la causa «Los Gallegos», feroz tentáculo criminal del Tren de Aragua en el norte de la nación austral, en una acción que llevó al Gobierno a solicitar una revisión de su actuación.
Barraza le explicó a la Corte de Apelaciones de Arica este viernes que el proceso se encontraba amenazado y que la información es un derecho constitucional.
“Estando ad portas de una audiencia de preparación de juicio oral, se accedió a lo solicitado por las defensas, en orden a tener acceso a los nombres de los testigos reservados, primando en el presente caso el derecho constitucional a un debido proceso, el cual estaba siendo amenazado por la decisión del persecutor“, señaló.
La acción de Barraza mantiene en vilo a quienes participan en el juicio oral, pese a que el Ministerio Público presentó un recurso de protección para velar por la integridad de los testigos protegidos, pero también de los policías, magistrados y fiscales amenazados durante el proceso.
En varios operativos, que incluyeron la presencia de agentes infiltrados, fueron detenidos 44 integrantes de Los Gallegos, los que estaban siendo procesados por delitos que van desde la extorsión y trata de personas, hasta el homicidio. Para 11 de ellos, el ministerio público solicitó penas de presidio perpetuo.
De espaldas a Fiscalía
Además, otro de los temas que se le recrimina al juez Barraza en esta y otras presentaciones, dado que la cartera de Interior también recurrió, apunta a que no permitió a la fiscalía conectarse a la audiencia por Zoom.
Frente a esto, Barraza respondió que fue “por temas de transparencia” y explicó que “la regla general eran las audiencias presenciales y que, excepcionalmente, se podía permitir la comparecencia remota. Se le consultó si había solicitado aquella modalidad, a lo que respondió que su comparecencia había sido solicitada y aprobada(…) revisado el sistema, no había tal autorización“.
Asimismo, el magistrado expuso a la Corte que “en el presente caso nos encontrábamos en una clara colisión de derechos, entre las garantías de protección a víctimas y testigos de la causa y el derecho al debido proceso respecto de los imputados, quienes independientemente de los delitos por los cuales fueron acusados, eran personas sujetos de derechos”.
Con información de Versión Final
