Crónica Uno – Valencia, 16 de diciembre de 2024-. El chavismo vende la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar como una herramienta para defender el país contra el bloqueo y las sanciones, a las que señala de ser responsable de casi todos los males que aquejan a Venezuela.
Tras su aprobación en segunda discusión, a finales de noviembre pasado, el jefe del Parlamento y aliado de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, apuntó que la ley “castiga a aquellos que solicitan sanciones, invasiones y acciones” contra la vida de los venezolanos.
Pero expertos alertan que la ley, en vigencia desde el 2 de diciembre, “oficializa la censura” en Venezuela. Consideran que evita el debate de temas neurálgicos para la nación, como el que debe darse en torno al espinoso tema de las sanciones.
“Esta normativa no es aislada y forma parte de una estrategia de penalizar la información y la opinión. Es una medida que oficializa la censura sobre un asunto de interés público, como son las sanciones internacionales”, dijo a Crónica Uno la directora del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), Marianela Balbi.
De acuerdo con la experta, la herramienta se suma al “andamiaje legal” chavista de los últimos 25 años, que persigue silenciar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al acceso de información pública en Venezuela.
Balbi apuntó que la ley está “cargada de imprecisiones que abren espacio” a la discrecionalidad del funcionario a la hora de aplicar condenas.
En este sentido, aseveró que la ley persigue “cerrar el espacio cívico y aplicar sanciones desproporcionadas propias de delitos penales a la opinión e información”.
Golpe al debate
Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, la Ley Simón Bolívar es un “dispositivo de censura” que pone freno a los necesarios debates dentro de las sociedades modernas.
“Todas las posiciones deben ser toleradas para que se puedan debatir los temas, y este tipo de leyes lo que buscan es inhibir el debate. Que no se debatan determinados temas. Por supuesto, son temas muy políticos y no los puedes debatir, pero ¿eso va a cambiar la opinión de la gente? No, la gente va a seguir manteniendo su postura, aunque probablemente no lo exprese por la sanción”, dijo Correa a Crónica Uno.
Correa también dijo que la ley, probablemente, suponga un aumento en la “autorregulación” de los medios a la hora de dar cobertura a ciertos temas. En especial, los relacionados con las sanciones y algunas posturas que pudieran considerarse contrarias a las que permite el poder.
“Básicamente, muchos medios ya ante determinados temas no hacen cobertura. Y es un enredo, porque significa que ciertamente la sociedad no debate estos temas”, apuntó antes de aclarar que este extremo vulnera la libertad de expresión.
“Porque la libertad de expresión es que puedas hablar de cualquier tema sin temor a las consecuencias, y la ley (Simón Bolívar) aumenta el temor”, añadió.
La ley establece que los medios “que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas” (que en la práctica podrían ser declaraciones de voceros políticos) podrían recibir sanciones como la revocatoria de operaciones en el país o multas equivalente “a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BVC”.
Condena internacional a la Ley Simón Bolívar
El viernes, el alto comisionado de Naciones Unidos para los derechos humanos, Volker Türk, alertó que la Ley Simón Bolívar podría usarse para “infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política» en Venezuela.
“Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en línea con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad y, particularmente, para Venezuela de cara a la inauguración en enero y las elecciones programadas para el próximo año”, agregó.
Con estas declaraciones Türk, cuya oficina volvió a operar en Venezuela hace días tras la expulsión en febrero pasado después de que el gobierno de Nicolás Maduro la acusara de “actuar como “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, puso el foco a nivel internacional sobre la controvertida ley.
Con información de Crónica Uno.
