Valencia, 13 de mayo de 2025-. Estiman que el 83% de las universidades públicas tienen daños severos de infraestructura.
Alrededor del 83% de las universidades públicas en Venezuela sufren daños significativos en su infraestructura. Esta cifra alarmante proviene del informe más reciente del Observatorio de Universidades (OBU). El deterioro de los campus genera condiciones precarias para la educación de los estudiantes.
El OBU destaca que el deterioro estructural es una de las mayores preocupaciones de las comunidades académicas. El informe señala desprendimiento de techos y paredes, colapso de cloacas y otros problemas graves. La falta de recursos agrava la situación durante la temporada de lluvias.


Estiman que el 83% de las universidades públicas tienen daños severos de infraestructura
La raíz del problema, según el Observatorio, es la asfixia presupuestaria que enfrentan las universidades públicas. Esta situación ha provocado al menos diez años sin mantenimiento estructural adecuado en la mayoría de los casos. La falta prolongada de inversión pone en riesgo la seguridad y funcionalidad de los espacios educativos.
Inversión insuficiente pese a aviones gubernamentales
El OBU sostiene que programas como «Universidad Bella», así como intervenciones de alcaldías y gobernaciones, no han logrado una respuesta efectiva. La falta de inversión sostenida y planificación integral mantiene a las universidades en una situación precaria. Esto compromete la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad universitaria.
Preocupación por condiciones laborales y salariales
El Observatorio también expresó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores universitarios. Señala la falta de respuesta del gobierno ante esta situación.
Comparativamente, los docentes venezolanos ganan un salario 113% inferior al de sus pares cubanos. En 2025, un profesor titular percibe solo 8 dólares mensuales, frente a 2456,12 dólares en 2021. Esto evidencia un proceso de «desalarización». En el primer trimestre del año, se registraron más de 34 denuncias que afectan directamente a los universitarios. El 39% de estas denuncias fueron por violaciones a los derechos económicos de trabajadores y docentes.
