Valencia, 24 de marzo de 2026-. El Pentágono endurece sus políticas contra la prensa. El Pentágono informó que apelará la decisión judicial y, mientras tanto, aplicará nuevas limitaciones. Entre ellas, el cierre inmediato del Pasillo de los Corresponsales, un espacio tradicional de trabajo para periodistas dentro del complejo.
El portavoz Sean Parnell anunció que el área será reemplazada por una instalación ubicada en un edificio cercano. Además, indicó que cualquier acceso de periodistas al Pentágono requerirá escolta de personal autorizado.
Estas medidas fueron criticadas por el Club Nacional de Prensa. Su presidente, Mark Schoeff Jr., afirmó que el cierre del corredor “socava la información independiente en un momento en que el público necesita claridad sobre las Fuerzas Armadas”.
Las restricciones a la prensa en el Pentágono se aplican mientras continúa la disputa legal con varios medios estadounidenses.
El Pentágono endurece sus políticas contra la prensa
Las nuevas medidas surgieron tras una demanda presentada por The New York Times contra normas introducidas en octubre pasado. Esas reglas permitían retirar acreditaciones a reporteros que publicaran información sin autorización previa, incluso si no era clasificada.
Los periodistas que rechazaron firmar la política de 21 páginas fueron obligados a entregar sus credenciales y abandonar sus oficinas. Entre los medios afectados estuvieron ABC, CBS, NBC, CNN, NPR, Fox News, The Washington Post y The New York Times.
El Pentágono justificó la salida de estos medios alegando falta de espacio. Solo One America News aceptó las nuevas condiciones.
Un juez federal dictaminó que esas restricciones eran inconstitucionales y ordenó restituir las credenciales del New York Times. Sin embargo, las nuevas normas de acceso seguirán vigentes mientras se resuelve la apelación.
Un escenario de tensión entre prensa y autoridades
Las restricciones a la prensa en el Pentágono han generado un debate nacional sobre transparencia y acceso a la información pública. Organizaciones de periodistas advierten que las medidas limitan la supervisión independiente de las actividades militares.
Mientras continúa el proceso judicial, los medios afectados evalúan nuevas acciones legales. El Departamento de Guerra insiste en que los cambios buscan mejorar la seguridad interna, aunque no ha detallado los motivos específicos del cierre del corredor.
