Nayarí González CNP 24760
Guanare, 10 de septiembre 2026 La temporada de cosecha de maíz en Portuguesa no solo trae consigo la expectativa del rendimiento en campo; así como un precio acorde a la estructura de costos, también activa una compleja red de comercio informal que preocupa profundamente al sector primario. A la vuelta de la esquina y a plena luz del día, improvisados carteles con la frase «Se compra maíz en tusa» evidencian un negocio que opera con total impunidad en los poblados agrícolas, alimentado por una práctica que ha traspasado la línea de la subsistencia para convertirse en un delito contra la propiedad privada.
Tradicionalmente, la figura del coqueador se conocía en los linderos del campo como aquella persona que, con el consentimiento o la permisividad de los productores, recolectaba los granos o mazorcas que quedaban sueltos en el suelo o a orilla de la siembra tras el paso de la cosechadora. Sin embargo, en los últimos años la dinámica ha cambiado de forma alarmante. Hoy en día, grupos de personas ingresan a los predios de las fincas sin autorización previa, violentando la propiedad privada y tomando directamente de la planta antes o durante la recolección mecanizada.
El verdadero problema no radica únicamente en la acción de quienes ingresan a los sembradíos, sino en la cadena de comercialización que los incentiva. Estos centros de recepción informal compran el maíz en tusa o desgranado sin ningún tipo de control ni exigencia de procedencia, fomentando un mercado negro de mercancía hurtada.
Mientras el productor primario asume toda la inversión en semillas, fertilizantes, gasoil, sin contar con financiamiento, ni precio justo a la cadena de producción y meses de arduo trabajo para sacar adelante las hectáreas de maíz blanco o amarillo, los compradores ilegales lucran rápidamente a costa del esfuerzo ajeno.
Ante esta realidad que se repite ciclo tras cosecha, el sector agrícola clama por mayor atención institucional, vigilancia en las zonas rurales y fiscalización sobre estos puntos de compra clandestinos. Proteger la cosecha no es solo resguardar la economía del productor, sino defender la seguridad alimentaria de la región frente a una práctica que vulnera la ley y desangra silenciosamente al campo venezolano.
