Danilo Rojas asume en Colombia la presidencia de la JEP bajo un severo recorte financiero y exige frenar los ataques desinformados contra el tribunal. El magistrado Danilo Rojas asumió este jueves 5 de noviembre de 2026 la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia formulando un llamado urgente a frenar las agresiones públicas contra el organismo.
El alto juez presidirá durante un período de dos años el tribunal transicional creado a partir del histórico acuerdo que suscribieron en 2016 el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, tomando el testigo del magistrado Alejandro Ramelli.
La exigencia de respeto institucional y la trayectoria de Danilo Rojas en Colombia
Durante su alocución formal de investidura en Bogotá, la flamante autoridad judicial reclamó serenidad a los sectores críticos que descalifican permanentemente la labor jurídica del organismo.
Rojas enfatizó la urgencia de defender la estabilidad de la institución ante la opinión pública: «Necesitamos (…) que cesen los ataques desinformados contra la JEP».
En tal sentido, la hoja de vida del nuevo presidente acredita una sólida formación académica en Colombia como abogado egresado de la Universidad Libre de Bogotá, con títulos de especialista, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia.
A este respecto, el jurista acumuló una vasta trayectoria en la rama judicial del país vecino al presidir el Consejo de Estado, la máxima instancia de la justicia contencioso-administrativa colombiana.
Aunado a esto, Rojas ejerce como magistrado titular en la Sección de Apelación de la propia JEP, sala neurálgica responsable de dirimir las apelaciones e impugnaciones contra los fallos de primera instancia.
Asimismo, los funcionarios de la corte valoran su perfil técnico y su templanza para conducir los debates jurídicos más complejos sobre los crímenes cometidos durante el prolongado conflicto armado colombiano.
El ajuste de 52 millones de dólares y el impacto sobre las víctimas
El tijeretazo presupuestal para el ciclo 2027
Por otra parte, la asfixia financiera proyectada para el año 2027 dominó gran parte de las advertencias pronunciadas por el nuevo titular del organismo en la capital colombiana.
El presupuesto asignado a la JEP experimentará una poda directa de 170.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a casi 52 millones de dólares, recortando el monto global de 821.803 millones a 651.803 millones de pesos.
En consecuencia, el jurista advirtió que semejante merma económica obliga a estructurar una reorganización sustancial y acelerada en todas las dependencias internas.
Rojas detalló el nuevo enfoque operativo ante la asamblea judicial: «Debemos ajustar el nuevo plan estratégico, que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos».
Dicha carencia económica amenaza directamente las investigaciones contra los responsables de los peores crímenes cometidos en el marco de la guerra interna y desmejora la atención integral hacia las comunidades golpeadas por la violencia en Colombia.
La entrega de la sede central y el recorte de contratos
Por añadidura, el presidente de la corte ratificó su compromiso inquebrantable de cumplir con el mandato constitucional, prometiendo sostener la independencia judicial incluso frente al panorama más adverso del entorno nacional.
El togado proclamó con firmeza: «Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz, las normas constitucionales y legales que lo desarrollan».
Para adaptarse a la estrechez fiscal, la administración entregará el edificio sede donde opera actualmente el tribunal en Bogotá y suprimirá los esquemas de protección de los magistrados.
De igual manera, la directiva reducirá la seguridad asignada a las víctimas del conflicto colombiano y cancelará el 85 % de los contratos vigentes por prestación de servicios profesionales.
Estas severas medidas confirman las alertas previas de los jueces sobre la inminente limitación de las audiencias territoriales y la merma en la representación judicial y protección para testigos y comparecientes en las zonas rurales.
Con información de EFE
